El Gobierno anterior lo inauguró con bombos y platillos, pero a la semana ya no se podía seguir utilizando porque la cañería inicial del tramo entre Puerto Casado hasta Loma Plata fue tan mal hecha, que en varios puntos revienta y no puede seguir bombeándose, ya que la pérdida de agua es enorme.
Consecuencia: varias poblaciones chaqueñas siguen dependiendo de tajamares y de la dádiva enviada desde Asunción, mediante camiones cisterna.
Así de dramático es el escenario, porque se trata de uno de los derechos humanos más inalienables, atendiendo también a la época de profunda sequía y de calores que padece esa zona del país, y con un malgasto incalculable de parte del mismo Estado, mediante un trabajo mal ejecutado, y que debería tener tras las rejas a sus principales responsables.
El viceministro de Obras actual, Arístides Espinosa, se desmarcó recientemente del acuciante problema para los chaqueños. Dijo que –según se le informó preliminarmente desde instancias técnicas– los primeros 203 kilómetros de recorrido de las tuberías fueron hechos en tres tramos, y que no se respetó el diámetro de los caños. Algunos son de 450 milímetros, otros de 500 y otros de 600 milímetros, ya que la primera contratista quebró y se tuvo que habilitar una nueva licitación, para culminar la obra.
El bombeo fue –en principio– traumático, ya que no llegaba el agua hasta Loma Plata con suficiente calidad y se tuvieron que detener las acciones, mientras arreciaba la época de sequía y las comunidades (sobre todo indígenas, que son las más vulnerables en este y otros incontables casos cuando el Estado se hace humo y no atiende sus responsabilidades como se debe) debían apelar a otras estrategias.
Con un acueducto inservible, avanzaron los reclamos y la administración actual apeló a las cisternas, con el fin de paliar el drama cotidiano de no contar con agua; sumado a que tampoco la ANDE tiene instalado un sistema de calidad en Puerto Casado, ya que la bomba no está disponible constantemente: se corta el suministro eléctrico y deja de activarse, con lo que se llega al mismo triste desenlace.
También se agrega que este sistema de distribución del líquido vital no llega a todo el Chaco: son solamente Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Mariscal Estigarribia y la comunidad Lolita los que –en teoría– aparecen beneficiados.
¿Y el resto? El 3,5% de la población del país da en números más de 200.000 almas que deben consumir agua de calidad de manera corriente, más aún con las altas temperaturas que se vienen registrando.
Ciertamente, hay otros intentos fallidos de obras majestuosas (como el Metrobús) que resultaron similar fiasco y sus consecuencias se siguen padeciendo, pero que a una familia le falte un elemento primordial para su existencia y no haya respuestas adecuadas desde las autoridades, porque siempre otro es el culpable de lo que sucede, da cuenta de lo lejos que aún estamos para encarar estrategias de desarrollo.
En los centros urbanos no se siente tal falencia: siempre hay algún paliativo a mano; pero en comunidades que –en promedio– están a 500 kilómetros de la capital, el panorama es más que acuciante y poca importancia parece brindarse al flagelo que padecen compatriotas con derechos fundamentales pisoteados.
A la par de señalar e imputar a los responsables, es prioritario solucionar de fondo un drama diario que ya ni siquiera debería ser motivo de debate.
