El detenido fue identificado como Derlis Luis Orué Brizuela, de 42 años. Su captura se realizó en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, en cumplimiento del oficio 235, firmado por la fiscala Estela Mary Ramírez, en el marco de una investigación por un supuesto caso de extorsión que habría escalado hasta ataques armados contra comercios locales.
El procedimiento no terminó ahí. Información recabada permitió una requisa en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde se incautaron tres teléfonos celulares de un interno identificado como Hernando Orué, hermano del detenido.
El subcomisario Édgar Galeano, jefe del Departamento Antisecuestro, confirmó que este recluso sería el presunto cabecilla de una red que operaba desde la cárcel, realizando llamadas extorsivas a víctimas seleccionadas al azar.
Según las investigaciones, el esquema operaba de forma meticulosa. Desde el interior del penal, Hernando Orué realizaba llamadas amenazantes exigiendo pagos en concepto de “protección”.
En al menos un caso, la negativa a pagar desencadenó disparos contra una playa de autos. Las amenazas eran seguidas por ataques armados ejecutados por cómplices en libertad, generando un clima de miedo e incertidumbre entre los comerciantes.
Una víctima llegó a pagar G. 20 millones
Uno de los afectados llegó a pagar aproximadamente G. 20 millones en varias transacciones realizadas a través de billeteras electrónicas, cuyos datos fueron rastreados por los investigadores y vinculados directamente con la línea telefónica a nombre de Derlis Orué.
Este último admitió que el chip en cuestión fue entregado a su hermano con el pretexto de mantener comunicación con la familia.
Utilizaban múltiples líneas telefónicas
Sin embargo, los análisis técnicos de las comunicaciones revelaron otra historia. Las llamadas provenían del interior del penal y apuntaban a un esquema que se extendía fuera de los muros de la cárcel.
“Estamos frente a una estructura criminal organizada que utilizaba múltiples líneas telefónicas y operadores externos para ejecutar ataques y recolectar dinero”, indicó Galeano.
La requisa permitió decomisar no solo los teléfonos, sino también dinero en efectivo y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
Las autoridades no descartan que existan más víctimas que, por temor o desconfianza, aún no hayan formalizado sus denuncias. La investigación sigue en curso.
Además de los hermanos Orué, ya hay otra persona con orden de captura.
