El experto criminólogo Juan Martens analizó parte de lo que presentó el presidente de la República, Santiago Peña, durante su informe de gestión presidencial correspondiente al periodo 2024-2025.
Para el experto, el aspecto de seguridad abordado bajo el capítulo “Paraguay Seguro”, que tomó 11 párrafos en el informe de gestión, es el reflejo de más narrativa que de resultados objetivos.
“Su discurso se inserta en la línea de este gobierno, donde la narrativa es más que la realidad. Combina retórica de eficacia operativa, promesas de modernización y heroísmo policial”, menciona en una primera parte.
El abordaje de Peña sobre seguridad, según Martens, deja entrever que el Gobierno no ataca la desigualdad y divorcia este aspecto de la inseguridad reinante.
“El discurso de Peña omitió cualquier mención a estrategias de reducción de desigualdad o programas de desarrollo comunitario como mecanismos preventivos”, mencionó.
En una palabra, el experto señala que el Gobierno tiene una visión reduccionista de la seguridad y solamente la aborda desde la lógica de la capacidad “técnica” y la tecnología.
“La seguridad es reducida a un problema de capacidad técnica (drones, radares, patrulleras) y disciplina policial, reforzando la idea de que la violencia se combate exclusivamente con más control y castigo”, refirió.
No separa rol de FFAA del de la Policía
Martens acentúa además en su análisis el papel que cumplen los militares en la política de seguridad del gobierno de Peña. Pone énfasis en la violación que constituye la “militarización de la seguridad interna”.
"(Peña) normalizó una vez más la militarización de la seguridad interna. El uso de recursos militares en funciones de seguridad pública viola el principio de separación entre defensa y policía recogido en estándares internacionales de derechos humanos”, expresó el experto.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre los riesgos de esta convergencia: opacidad en los operativos; debilitamiento del control civil; crecimiento de violaciones de derechos en zonas rurales e indígenas.
Alertó que el recurso “político” utilizado por el Gobierno –el miedo– no busca otra cosa que el “consentimiento” social, con el propósito de establecer medidas excepcionales.
“Desde la criminología crítica se reconoce que el miedo es un recurso político. La insistencia en cifras impactantes –cargamentos incautados, grupos ‘terroristas’ desmantelados, miles de armas y chalecos– produce una sensación de amenaza permanente”, explicó.
El criminólogo indicó que esta estrategia discursiva alimenta el pánico moral; facilita el consentimiento social a medidas excepcionales; refuerza la lógica de la “guerra contra el crimen” que desplaza cualquier enfoque preventivo y estructural”, según concluyó.
