Tras una semana desde que la Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre, se haya ratificado en el texto con modificaciones del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, recién ayer se remitió el documento a la Cámara Alta, que ahora debe fijar fecha para finiquitar y remitir al Ejecutivo.
El titular de la Cámara Baja, quien acaba de regresar de su viaje a Ginebra (Suiza), remitió vía Secretaría finalmente la polémica iniciativa, cuyos cambios realizados sobre el texto original generan cuestionamientos, debido a que apunta a comprometer el acceso a la información pública y, por extensión, atentaría contra la transparencia.
Con este paso, queda en manos del Senado tratar en una próxima sesión para su último trámite.
De hecho, en la Cámara Alta hay dos posturas en referencia a tratar de enmendar de alguna forma el documento que remite Diputados.
Una es la de ratificar la versión del Senado que sería la menos dañina y, por sobre todo, encomendar al Ejecutivo a que vete parcialmente el proyecto en el controvertido artículo 24, que justamente es el más cuestionado.
El retraso del envío del proyecto a la Cámara revisora hizo que el Senado no definiera ya el miércoles pasado. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, había manifestado la intención de tratar lo antes posible.
Para ratificarse en la versión “menos maligna”, que aun así afecta a la ley de acceso a la información pública, la Cámara Alta necesita de una mayoría absoluta, es decir, 23 votos.
De no reunir esta mayoría, la versión que quedará sancionada será la remitida por la Cámara de Diputados.
El nuevo texto introduce disposiciones que podrían modificar el alcance de la Ley 5189/14, sobre la provisión de informaciones de uso de recursos públicos, y la Ley 5282, de libre acceso ciudadano a la información pública.
Entre las modificaciones más controvertidas se encuentra la exigencia de obtener el consentimiento del funcionario o particular involucrado para divulgar información que contenga datos personales.
Esto afectaría, por ejemplo, la publicación de salarios, contratos o participación en las empresas proveedoras del Estado.
Desde distintas organizaciones, que contribuyeron a la confección del proyecto, alegan que así como está el artículo 24, se pervierte la ley de protección de datos.
Este sector pidió que no se apruebe una normativa que limite el acceso a la información financiada con recursos públicos.
Los sectores de la oposición anunciaron que impulsarán audiencias públicas y consultas con los distintos expertos, así como quiénes impulsaron la iniciativa.
Casos sonados. Los casos que interesaría blindar a los parlamentarios que modificaron la iniciativa, son los de los llamados nepobabies, así como también los jugosos aumentos y remuneraciones que perciben los operadores. También quedarían fuera de la interpelación ciudadana, los viajes y viáticos suntuosos de las autoridades, entre otros.
La versión original del proyecto buscaba proteger información sensible como datos biométricos, bancarios, ideológicos o de salud. No obstante, el texto ratificado amplía el concepto de “dato personal” a casi cualquier información vinculada a una persona física.
