La Contraloría General de la República inició el examen de correspondencia al patrimonio del presidente Santiago Peña, tras un pedido realizado por el mandatario salpicado por sospechas de enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Camilo Benítez, actual contralor general de la República, remarcó a Radio Monumental 1080 AM que se realizaron 27 pedidos de informes a instituciones públicas y privadas para iniciar las pesquisas.
Entre las instituciones se encuentran la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Registro Público, el Banco Central del Paraguay y otros.
Uno de los puntos esenciales del examen es la construcción de una mansión iniciada por Peña en la ciudad veraniega de San Bernardino.
“Pediremos informe a la propia empresa constructora para ver si es que él pagó o no, cuánto pagó, cómo pagó, qué facturas emitieron con relación a la construcción de su casa en San Bernardino. Y así vamos a ir cerrando todo el circuito”, expresó el contralor.
Límites. El funcionario estatal aclaró que la normativa vigente no habilita a la Contraloría auditar ni verificar la correspondencia de bienes o el patrimonio personal del presidente de la República en el ámbito privado, solo durante su paso como funcionario público.
“Por expreso mandato de la Constitución y de la ley, la Contraloría solamente puede verificar el procedimiento dentro de la función pública. Así lo dice la Constitución y la ley de la declaración jurada, la ley orgánica de la Contraloría también”, insistió.
Benítez aclaró que está dentro de sus atribuciones investigar si el mandatario pagó los impuestos a la renta cuando se desempeñaba en el sector privado, pero no los pormenores de su contratación. “Específicamente por qué se le contrató en este lugar o por qué en este otro, eso escapa de nuestra competencia”, recalcó.
Denuncia. El pasado 17 de octubre, el mandatario presentó una actualización de su declaración jurada y solicitó una revisión integral de la Contraloría, en medio de un escándalo que involucró al jefe de Estado y su esposa, Leticia Ocampos, por supuestos hallazgos de sobres con dólares en el quincho de la casa presidencial Mburuvicha Róga.
Al salir a la luz el caso, parlamentarios opositores lo denunciaron por supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos.
