Manuel Ferreira expresó a radio Monumental 1080 AM que el ministro Benigno López tiene toda la potestad de ponerle un tope a los aumentos, atendiendo a que en su plan de gastos no cuenta con la capacidad para el pago de los mismos.
Asimismo, indicó que debe primar la Ley 1626 de la Función Pública, aunque consideró que se debe analizar la situación, ya que también existe una más nueva, que es la Ley de Presupuesto General de la Nación, que podría derogar algún artículo de la primera.
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Así también, el ex ministro de Hacienda señaló que no sabe si alguien se puso a verificar si las 2.123 personas son las autorizadas a tener los incrementos y si fueron discutidos en el Parlamento, ya que hay un privilegio en contra de los 350.000 funcionarios públicos.
En ese sentido, dijo que hay un problema ético y que hay vicios por todos lados.
Mediante la Resolución 130, el titular de la cartera ordenó a las instituciones involucradas la suspensión de la liquidación y el pago de salarios a todos los funcionarios que fueron recategorizados, sin haber realizado concursos y otros procedimientos establecidos en la Ley de la Función Pública.
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Hacienda solicitó a las 35 instituciones involucradas la presentación de los documentos que avalen los reajustes otorgados por el Congreso para frenar los aumentos, los cuales van desde el 2% al 251% y que también beneficiarían a la propia ministra de la Secretaría de la Función Pública, Cristina Bogado.
