La abogada y ex ministra de Justicia Cecilia Pérez lanzó una dura crítica contra la estrategia de seguridad del Gobierno tras el reciente ataque a un puesto policial en Naranjito y afirmó de manera tajante que la constante expansión territorial del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la excesiva dependencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) son el reflejo de un fracaso rotundo en los planes preventivos del Estado.
Según su análisis, mantener el mismo esquema operativo ante la ola de violencia no busca solucionar la crisis de fondo, sino crear un escudo institucional para blindar a las autoridades de su evidente responsabilidad política por la falta de resultados.
Además, resaltó que si en verdad el brutal ataque al puesto policial en Canindeyú fue perpetrado por una nueva camada del EPP con la alianza de narcos de la zona, es un fracaso total del Gobierno, ya que el grupo armado logró reestructurarse, fortalecerse, buscar aliados, antes que debilitarse.
“Si el gobierno tiene razón y el EPP atacó en Naranjito aliado con otro grupo criminal, la conclusión es durísima: bajo esta gestión, el EPP no se debilitó. Se reestructuró, amplió su radio de acción y sumó aliados. Eso es un fracaso de la estrategia, no un detalle”, escribió la ex ministra en un hilo en su cuenta de X.
Además, resaltó que “la FTC, creada específicamente para el EPP, fue estirada a Canindeyú, sin fortalecimiento real. Se mezcló su misión original con el crimen organizado, sin ningún proceso serio de rediseño. Más frentes, misma fuerza: cada vez más débil en cada uno”.
También mencionó que no hubo una misma versión de los hechos en un primer momento entre las autoridades de seguridad, por lo que alertó de dicha falla de comunicación. “Interior y el CODI dieron versiones contradictorias sobre quién atacó, y esa interna se resolvió con un relato que les da la razón a los dos. Priorizar la coherencia del discurso sobre la claridad de los hechos, con tres muertos, es gravísimo”, criticó la abogada.
Sobre ese punto, Pérez argumentó que ante la necesidad de proteger la responsabilidad política del presidente y blindar su figura, las autoridades de seguridad se abocaron a brindar una versión oficial mediante narrativas cuidadosamente diseñadas para maquillar la falta de resultados profundos. “La FTC depende, en última instancia, del presidente como comandante en jefe. No hay un ministro que absorba esa responsabilidad como con la Policía. Por eso, sostener un relato prolijo importa más que investigar en serio: hay una responsabilidad política que se quiere blindar”, aseveró.
Por último, cuestionó que el ataque en “Naranjito no se resuelve con un parche comunicacional para apagar el incendio de esta semana. Se resuelve con una investigación seria y una estrategia rediseñada. Lo demás es, otra vez, gestionar el relato por encima del problema real”.
Policías de Yby Pytã operan en una sede a punto de colapsar
Los agentes del puesto policial de Yby Pytã, en Canindeyú, cumplen funciones en una sede que se cae a pedazos y fue construida hace 25 años por iniciativa de los mismos pobladores, que exigen una nueva sede para garantizar la seguridad tras el ataque a otro puesto policial del departamento en el que dos policías y un civil terminaron asesinados.
Lo que alguna vez representó el esfuerzo conjunto de una comunidad por contar con presencia policial, hoy se ha convertido en un edificio deteriorado que amenaza con desplomarse.
El puesto policial de Yby Pytã, ubicado en pleno casco urbano del distrito, evidencia el abandono de una infraestructura que tras 25 años de servicio, prácticamente llegó al final de su vida útil.
La construcción –realizada íntegramente en madera y levantada hace dos décadas y media con el aporte de los pobladores– presenta graves daños estructurales. El paso del tiempo, la exposición permanente a las inclemencias del clima y la falta de una intervención integral provocaron que parte de la estructura ya cediera, mientras el resto del edificio muestra un avanzado estado de deterioro. La preocupación también es compartida por los pobladores, quienes recuerdan que la comunidad fue la que impulsó y construyó el edificio y hoy sostienen que corresponde al Estado invertir en una nueva sede que responda a las exigencias actuales.
