La jueza Celia Salinas dictó sentencia contra ex directivos de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), que deben pagar un millonario montos a las víctimas luego de una demanda de reparación de daños.
Los mismos fueron condenados por el desvío de USD 215 millones de la caja jubilatoria.
La jueza Salinas determinó que en un plazo de diez días, Víctor Daniel Bogado Núñez debe pagar la suma de G. 18.000 millones; Damián Escurra debe pagar el mismo monto.
Mientras que Félix Villamayor fue condenado a pagar G. 24.000 millones, al igual que Walter Elías Añazco y Ricardo Antonio Pereira, según informó Liz Acosta, periodista de Última Hora.
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César Amílcar Bejarano fue condenado al pago de G. 23.000 millones. Félix Villamayor Gabaglio y José Salvador Alonso fueron condenados a pagar más de G.12.000 millones y José Szwako, G. 15.000 millones.
El abogado Rafael Fernández, que representa a los aportantes que fueron víctimas, se mostró conforme con la sentencia y afirmó que es un paso importante para que se haga justicia.
“Después de 7 años se logró la reparación de los daños, al menos judicialmente, ahora nosotros podemos reclamar a cada uno. Esto es dinero de los aportantes que debe ser reparado, pero los daños reales fueron muchos más”, señaló.
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Según las pesquisas, los directivos de la Cajubi habían entregado la millonaria suma al venezolano Marcelo Barone y a su esposa Elisabel Vázquez Galiño, sin ningún documento respaldatorio, para que realizaran inversiones que redituarían ganancias a la institución, lo cual no se produjo.
Con parte del dinero, los Barone adquirieron para sí algunos bienes en Inglaterra y la Justicia logró que se “congelaran” USD 30 millones en activos y bienes que se encuentran en el Reino Unido, y que la Cajubi tiene esperanza de recuperar.
Los mismos fueron detenidos en el país europeo con fines de extradición a nuestro país, sin embargo, ya habrían recuperado su libertad, según reveló el fiscal Aldo Cantero a radio Monumental 1080. Con esto, se diluye la posibilidad de que enfrenten a la Justicia y que sea recuperado el dinero.
