El abogado externo de la Caja Paraguaya de Jubilaciones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), Rafael Fernández, advirtió sobre maniobras que se están presentando en la causa contra Marcelo Barone y Elizabel Vázquez Galiño, quienes habían sido detenidos en Reino Unidos, donde adquirieron varias propiedades. La Justicia paraguaya pidió su extradición, que hasta el momento no ha sido efectiva.
El abogado denunció hechos nuevos de posibles actos de corrupción con una oscura maniobra cuasi-jurídica de la defensa de los procesados en Paraguay, según informó el periodista Raúl Ramírez.
En ese sentido, indicó que les llamó la atención que no pudieron presentar el escrito por el cual solicitaban la reiteración de las órdenes de captura internacional contra los prófugos y ya no tuvieron acceso al expediente electrónico, donde figura la palabra de “transferido”, sin que el juzgado ni el fiscal hayan tenido conocimiento de esto.
Al consultar en la Secretaría, le informaron que el expediente fue transferido, pero sin conocimiento del juzgado y tampoco tienen conocimiento donde fue transferido el expediente electrónico. “Esta situación anormal motivó presentar otro escrito de denuncia por posibles actos delictuales en el sistema informático”, explicó.
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Asimismo, detalló que moviendo contactos se enteró que el abogado de los procesados presentó un recurso de habeas corpus solicitando el inmediato levantamiento de la orden de captura y el sobreseimiento de Marcelo Barone y Elizabel Vázquez Galiño, pero ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no ante el juzgado donde está el expediente electrónico.
“Neutralizaron con actos delictuales al juzgado de origen que ya firmó y sentó postura que los sujetos prófugos continúan con órdenes de captura y declarados en rebeldía, porque hasta la fecha no se pusieron a disposición de la justicia de Paraguay, motivo por el cual no corren los plazos procesales. La palabra transferido en el sistema informático se menciona solo cuando un juez fuera recusado o perdido competencia, cosas y hechos que no se dieron”, alertó.
A su vez, reiteró que cualesquiera sean los motivos jurídicos, están obligados a notificar al abogado representante de la querella adhesiva, lo que tampoco se realizó, por lo que alega que se intentó neutralizar a la querella.
Entre tanto, mencionó que el habeas corpus se presentó ante la Sala Penal de la CSJ sin que el juez y el fiscal tengan conocimiento y tampoco la querella adhesiva.
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Tanto la querella como el juzgado de origen presentaron la denuncia en la Dirección de Auditoría y Control Informático de la Corte Suprema de Justicia.
“La parte preocupante son todas las maniobras que se organizó para ocultar y neutralizar paralelamente a la presentación del recurso de habeas corpus, que de acuerdo a la experiencia cuando se organizan actos de esta naturaleza es porque posiblemente tienen todo planificado con personas que detentan poder o influencia dentro o fuera del Poder Judicial”, remarcó.
Marcelo Barone y Elisabel Vázquez están acusados de lavar USD 40 millones como parte del desfalco a la Caja de Jubilados de la Itaipú Binacional (Cajubi), y de lavar estos activos en Inglaterra.
El ciudadano venezolano y su mujer fueron imputados por la justicia paraguaya por lesión de confianza y lavado de dinero y detenidos en Gran Bretaña. A pedido de Paraguay, en 2017 una jueza de Inglaterra concedió la extradición, la cual no se efectuó hasta la fecha.
Directivos de la Cajubi habían entregado la suma de USD 40 millones a esta pareja, sin ningún documento respaldatorios, para que realizaran inversiones que redituarían ganancias a la institución, lo cual no se produjo.
Con parte del dinero, los Barone adquirieron para sí algunos bienes en Inglaterra y la Justicia logró que se “congelaran” USD 30 millones en activos y bienes que se encuentran en el Reino Unido y que la Cajubi tiene esperanza de recuperar.
Localmente, entre otros, el ex presidente de la Cajubi, Víctor Daniel Bogado, fue condenado a cumplir una pena de 14 años de cárcel.
La Sala Penal de la corte está integrada por Carolina Llanes, preopinante, César Diesel y el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Benítez Riera.
