De acuerdo con sus autores, pertenecientes al Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo y al programa Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) de la Academia de Ciencias sueca, se trata del primer estudio que muestra los vínculos de los paraísos fiscales con sectores económicos que causan graves impactos ambientales globales.
La investigación revela que el 70% de los barcos conocidos involucrados en la pesca pirata, oficialmente conocida como “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (IUU, en inglés), están o han sido puestos bajo la jurisdicción de un paraíso fiscal, particularmente Belice y Panamá.
La combinación de paraísos fiscales y del uso de banderas de conveniencia permite a las compañías tener embarcaciones pesqueras con identidad dual, una de las cuales se usa para actividades legales y otra para la pesca ilegal.
“La naturaleza global de las cadenas de valor pesqueras, las estructuras complejas de propiedad y las capacidades de gobierno limitadas de muchas naciones costeras hacen que el sector sea susceptible al uso de paraísos fiscales”, explica Henrik Osterblom, subdirector científico del Centro de Resiliencia y uno de los autores del estudio.
Otro dato importante incluido en la investigación tiene que ver con el capital extranjero que reciben las empresas de carne de res y soja vinculadas con la deforestación de la Amazonía brasileña.
Entre octubre de 2000 y agosto de 2011, esas empresas recibieron un total de USD 26.900 millones en capital extranjero.
El 68% de ese capital, equivalente a USD 18.400 millones, se transfirió a través de paraísos fiscales, sobre todo desde la jurisdicción de las Islas Caimán.
Las revelaciones de los “papeles de Panamá” y los “papeles del paraíso” expusieron cómo multinacionales, políticos y ricos usan los paraísos fiscales extraterritoriales para ocultar su riqueza y reducir su carga impositiva.
Pero “nuestro análisis muestra que el uso de paraísos fiscales no es solo un desafío económico y sociopolítico, sino también ambiental”, subraya Víctor Galaz, de la Universidad de Estocolmo y autor principal del estudio.
Los investigadores sugieren que es probable que se estén usando paraísos fiscales para apoyar otras actividades perjudiciales para el medioambiente, como la tala ilegal o el tráfico ilícito de flora y fauna.
Además, consideran que la pérdida de ingresos fiscales causada por esos paraísos debe verse como un subsidio indirecto a las actividades económicas que socavan los esfuerzos de conservación globales.
