Un total de cinco delitos penales son tipificados en la denuncia de los legisladores de la oposición y que guarda relación con los sucesos acontecidos en Mburuvicha Róga, desde la denuncia de la aplicación extrajudicial del polígrafo al servicio doméstico, pero particularmente con el presunto cuantioso incremento de la fortuna presidencial y los vínculos con proveedores del Estado que se desprende de una investigación periodística.
En conferencia de prensa, miembros de la bancada democrática detallaron cinco hechos que conforman la denuncia y que el Ministerio Público deberá investigar estos hechos denunciados:
- Enriquecimiento ilícito. Aumento patrimonial injustificado entre 2017 y 2023, incluyendo uso de bienes cuyo origen no fue documentado. +1.603% (G. 1.351 millones pasaron a G. 23.024 millones). Uso de camioneta Toyota Land Cruiser y aeronave vinculadas a proveedores del Estado.
- Lavado de dinero. Acciones y bonos en empresas vinculadas a estructuras con antecedentes judiciales, y movimientos de dinero no bancarizado. Credicentro fusionada con Pasfin (Caso Pavo Real - narcotráfico)/ Pagos en sobres atribuidos a la primera dama y entorno presidencial.
- Tráfico de influencias. Empresas relacionadas con el presidente recibieron adjudicaciones mientras tenían vínculo accionario con él. +29 contratos públicos / G. 992.000 millones desde IPS/ Proveedor chino del avión luego beneficiado por el Estado.
- Administración en provecho propio. Decisiones estatales que favorecieron a entidades financieras donde el presidente tenía intereses. Cambios normativos que facilitaron colocaciones en Ueno Bank.
- Abuso de poder. Uso de mecanismos coercitivos y desvinculaciones para ocultar información financiera. Testimonio de Luz Candado: sobres con USD 200.000, polígrafo y despidos sin defensa.
De acuerdo con las pruebas ofrecidas sobre las que se basan las denuncias, se señalan las declaraciones juradas 2014-2023, informes de la Contraloría, registros de Bolsa de Valores, los testimonios de Luz Candado, vínculos societarios y contratos estatales con empresas relacionadas.
Concluyen además que existe una brecha de G. 21.672 millones sin explicación clara. Los legisladores piden al Ministerio Público abrir una investigación seria y libre de arreglos políticos.
La denuncia lleva la firma de los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Rubén Velázquez y también de los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega, Leidy Galeano y Adrián Billy Vaesken.
