En la pasada entrega, se analizó la opción de una acción militar por parte de los Estados Unidos para un cambio de régimen en Venezuela y su reemplazo por un Gobierno democrático. Esta entrega explora la opción de un proceso político-diplomático, también con la participación de Estados Unidos para lograr un cambio de régimen y una democratización gradual del país.
La amenaza existencial de un ataque militar de Estados Unidos puede tener efectos sumamente beneficiosos para una salida político-diplomática dirigida por Washington con el apoyo de otros importantes actores globales. Dicho proceso implicará renunciamientos por parte de ambas facciones e implicará una significativa paciencia estratégica, tanto por parte del Gobierno estadounidense como del chavismo y la oposición dentro de Venezuela.
Es importante tener en cuenta que una propuesta de estas características implica la garantía de que tanto el chavismo como la oposición posean representación en el conjunto de estamentos del sistema político venezolano. En toda transición democrática, en particular en un sistema hiperpresidencialista como el consignado en la Constitución venezolana, lo que en la práctica sería una gran concertación política necesita que tanto el oficialismo como la oposición posean representación en los distintos órganos estratégicos del Estado, como la Corte Suprema, la autoridad electoral, la Fiscalía General de la República y la Contraloría. Esto permitiría el retorno de un sistema republicano equilibrado aún sin cambiar la actual Constitución y garantizaría la participación plena de actores políticos de la oposición hoy proscritos en el conjunto de elecciones locales, regionales y nacionales que se llevarían a cabo en los siguientes años. Al mismo tiempo, un equilibrio participativo en las instituciones mencionadas prevendrían una conducta autoritaria de la hoy oposición al llegar al poder.
Un ejemplo concreto lo constituye la disposición en la Carta Magna venezolana que autoriza al jefe de Estado a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con autoridad para disolver los otros poderes del Estado venezolano, que puede ejercer cuando lo estime conveniente. Una oposición con ánimo revanchista que suba al poder puede utilizar este mecanismo para anular la presencia chavista en otros estamentos estratégicos del sistema político, dando lugar a un simple rechazo de un gobierno autoritario por otro.
Es precisamente en la posibilidad de evitar un revanchismo de la actual oposición hacia el chavismo donde la influencia de Washington y la amenaza de una eventual intervención militar de los Estados Unidos juega un rol fundamental. Por un lado, Maduro y sus aliados se encuentran ante una amenaza sin precedentes a su permanencia en el poder. Por el otro, la oposición venezolana es muy dependiente del apoyo de Washington por lo que ambos bandos tienen incentivos para aceptar un acuerdo de esta naturaleza. De forma ideal, este proceso de transición debería ser no solo garantizado por Washington, sino además por otros Estados e instituciones influyentes (como la Unión Europea), que permitan la estabilidad del acuerdo y, además, fomenten el diseño e implementación de un plan de emergencia económica para el país que ha perdido el 75% de su producto interno bruto (PIB) y del cual han emigrado más de siete millones de ciudadanos en una catástrofe humanitaria sin precedentes en tiempos de paz.
En concreto, una propuesta de transición democrática deberá equilibrar los números en los principales estamentos estatales, de manera a estimular a las partes a aprender a convivir y dialogar para lograr la gobernabilidad, estabilidad y recuperación económica de Venezuela. El Tribunal Supremo venezolano se compone de veinte miembros, hoy totalmente en manos del chavismo. Una transición pactada debería incluir una fórmula que garantice equidad en las resoluciones del máximo órgano del Poder Judicial. Esto podría lograrse escogiendo a diez miembros de la oposición, llevando al Tribunal a un equilibrio de 50-50, o podría utilizarse una fórmula que integre a algunos jueces nominados por el oficialismo, otros por la oposición y otros electos por consenso de ambas facciones.
Existen otras instituciones de importancia estratégica donde se debería implementar un acuerdo similar. Entre ellos, destaca la Contraloría de la República, que investiga casos sospechados de corrupción y cuyas decisiones pueden conllevar la inhabilitación de candidatos a cargos electivos, como ha venido ocurriendo de manera arbitraria con el actual régimen. Casos como el de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado serían objeto de intensas negociaciones pues al ser una sola persona la que ocupa el cargo, deberían repartirse las instituciones entre ambas partes o acordar candidatos de consenso. La otra institución clave es el Consejo Nacional Electoral, duramente cuestionado por fraude electoral en varias elecciones, en particular las presidenciales del año pasado. Dado que es un órgano de múltiples miembros, la negociación debería basarse en una de las estrategias descritas previamente para lograr equidad en el Tribunal Supremo. Queda un desafío enorme respecto a uno de los poderes del Estado: El Legislativo, totalmente dominado por el chavismo, y que haría muy difícil, sino imposible, la gobernabilidad, por su autoridad para aprobar leyes. Una posible solución sería acordar elecciones anticipadas, pero de nuevo se cierne la sombra de la duda sobre la integridad del Colegio Nacional Electoral.
Otro de los desafíos importantes para una exitosa transición democrática en Venezuela tiene relación con aspectos concretos de su Carta Magna. La actual Constitución no refleja los principios que una República democrática debe expresar. Existen normas claramente autoritarias, como la reelección indefinida del jefe de Estado y de los miembros del Legislativo (estas últimas disposiciones fueron producto de una enmienda constitucional aún en épocas de Hugo Chávez) y su poder para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que tiene entre sus prerrogativas la disolución de los otros poderes del Estado, con la excepción del cargo de presidente. Del mismo modo que se requieren mayorías calificadas para la elección de los miembros del Tribunal Supremo o la Fiscalía General, será de vital importancia que el mismo requerimiento se aplique a leyes orgánicas, garantizando así la estabilidad institucional del sistema político venezolano. Asimismo, será esencial introducir artículos que protejan a aquellos partidos o personas que sean derrotados en elecciones o formen parte de la oposición, garantizando así los derechos de todas las partes, independientemente de los resultados electorales. Dado que se requiere de un referéndum para aprobar modificaciones a la Carta Magna (lo mismo para una nueva Constitución por una Asamblea Nacional Constituyente), se requerirá del proceso de reforma previa del Consejo Nacional Electoral para asegurar la legitimidad el proceso.
Queda por analizar el principal pilar de toda democracia: Las elecciones. Este es un punto complejo, pues la experiencia en otras transiciones democráticas implica que posiblemente este proceso comience a los cinco años, que implicará que Trump ya no será presidente de los Estados Unidos, por lo que se cierne la duda de si aceptará que se implemente un plan cuyos principales frutos él no verá como jefe de Estado. De capital importancia para la transición democrática, se deberán de haber completado las reformas de todas las otras instituciones políticas ya mencionadas y por más ansiedad que tenga la oposición por medirse nuevamente en elecciones, las mismas deberán idealmente comenzar con las elecciones municipales. Esto permitirá poner a prueba a las instituciones ya reformadas y comenzar un proceso de normalización electoral donde las partes acepten los resultados de elecciones libres y transparentes. Dado que al nivel local los miembros del chavismo no se sentirán amenazados por la posible pérdida total del poder, unas elecciones locales permitirán la celebración de elecciones a nivel regional y, finalmente, de las elecciones presidenciales.
Como puede apreciarse en la propuesta descrita en este artículo, los potenciales obstáculos a una solución político-diplomática como alternativa a una opción militar por parte de los Estados Unidos son considerables. Existen otros puntos complejos, como la infiltración cubana en las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela, que envía a Cuba actualmente unos treinta mil barriles diarios de petróleo, vitales para la supervivencia del régimen cubano, y que implica que la isla del Caribe hará todo lo posible por mantener a Maduro y a sus aliados en el poder. Es aquí, nuevamente, donde la amenaza de una intervención militar de los Estados Unidos puede jugar un rol fundamental como elemento disuasivo.
El camino de retorno a la democracia en Venezuela por medio de un proceso político-diplomático apoyado por Estados Unidos será ciertamente un gran desafío, pero no una opción imposible. Otros países sudamericanos, como Brasil y Uruguay, volvieron a la democracia tras un proceso gradual de reformas, y lo hicieron con gran éxito. Esta opción puede evitarle grandes tensiones a la región, y constituirse en un gran ejemplo de cómo salir del abismo de la dictadura y el colapso económico por la vía pacífica.
