Pero la cuestión no solo queda allí. Los hechos de sicariatos que sacudieron recientemente al Departamento de Canindeyú reflejan claramente que la criminalidad hace lo que quiere en la zona. Muestra con ello que la Policía Nacional está rebasada ante una delincuencia armada hasta los dientes y con superestructura comparando con los organismos de seguridad.
Y es preocupante cuando las mismas autoridades de aquel departamento admiten que es así, como el fiscal Cristian Royg, quien reconoció que las instituciones públicas “no dan abasto” contra la guerra narco que se desató en Canindeyú por el dominio territorial. “Las instituciones no acompañan el crecimiento en materia de seguridad”, señaló. Con estas expresiones se interpreta claramente que es justo y necesario que el Gobierno refuerce en armamentos, tecnología y recursos humanos capaces las instituciones de seguridad para realizar tareas preventivas y reactivas adecuadas a fin de contrarrestar, en este caso, la violencia desatada por las bandas narcodelincuenciales que operan en esa zona del país.
Otro aspecto a tener en cuenta es la corrupción que suele afectar a la institución policial. Está comprobado que en las instituciones públicas también inficionaron el narco u otros delincuentes pesos pesados que suelen moverse a sus anchas en la frontera. Es una cuestión que viene de antaño, que no se va a solucionar de una vez, pero que las autoridades deben intentar disminuir ese nivel de connivencia policial o de otras entidades con los narcos o marginales en general.
Y por supuesto, cuando se trata de narcotráfico la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) juega un rol preponderante, como también el Ministerio Público para la aprehensión y el castigo de los involucrados en los hechos punibles.
Sabido es que el Amambay tiene también como sello al sicariato y que en varias ocasiones hubo víctimas colaterales que nada tenían que ver con el objetivo.
Ahora en Canindeyú es extremadamente preocupante la serie de ejecuciones entre cárteles enemigos. Por citar nada más, al expirar el 2023 hasta hace unos días, de forma consecutiva, se registraron varios hechos de sicariatos en los que fueron víctimas, jefes de bandas y soldados de estos grupos criminales. Según las autoridades, son seis las facciones delictivas que se disputan el territorio y una de las jefas sería una mujer.
Ante este tipo de hechos que solo muestran la vulnerabilidad de la estructura policial y del sistema de seguridad en general se impone que las autoridades nacionales muestren señales de que la situación se puede revertir con medidas contundentes que aminoren la carga de tensión, temor e inseguridad que soportan los ciudadanos de dicha parte del país.
Deben fortalecer las instituciones del Estado para llevar algo de tranquilidad a la población trabajadora, que solo quiere trabajar en paz y dar lo mejor a sus respectivas familias.
El Gobierno debe tomar acciones urgentes con las cuales los grupos criminales reciban un mensaje claro del Estado, cortándole su movilidad en las zonas que hoy están consideradas como zonas liberadas.
