Por su parte, la abogada Raquel Talavera, defensora de los condenados, manifestó su preocupación con que la jueza Ana Rodríguez sea presionada por situación, ya que la abogada es esposa de un ministro del gobierno.
Además, remarca que los profesionales trabajan con el abogado Ricardo Preda “reconocido públicamente como abogado del Señor Horacio Cartes, figura de notoria y considerable influencia política en el país”, indica.
Tanto Doria como Arévalos representaron a la firma M&T SA, que fue querellante en el caso donde RGD fue condenado a 15 años de prisión, y su hijo a 5 años de cárcel, que actualmente cumplen, más el comiso de los bienes.
La jueza Rodríguez Brozón, dispuso que el actuario Luis Dos Santos preparara la liquidación. El mismo hizo el cálculo de los honorarios por la suma de G. 29.426.700, más el IVA de G. 2.942.670, lo que totalizan G. 32.369.370.
La diferencia se da en que los abogados sostienen que en el proceso se dispuso la inhibición general de gravar bienes, a más del embargo preventivo de cuentas bancarias e inmuebles, que en total suman G. 327.738.014.687.
Sobre esa base, los abogados calculan los honorarios como patrocinante por la suma de G. 18.025.590.807 IVA incluido, y como procurador, la suma de G. 9.012.795.404 IVA incluido, lo que totalizan G. 27.038.386.212.
Por su parte, el Juzgado solo tuvo en cuenta la ley basado en los jornales por la participación en las etapas del proceso penal, con lo que sale el citado cálculo.
La liquidación fue objetada por Doria y Arévalos, ya que entiende que existen varios puntos que pueden ser objeto de apreciación pecuniaria.
Talavera, que representa a los condenados, señaló que su parte está conforme con el proyecto de regulación de honorarios presentado por el actuario. Además, manifestó su preocupación por la posible influencia que podría ejercerse sobre la jueza por la influencia que tendrían los abogados como esposa de ministro y el estudio jurídico en el que trabajan ambos.
Los abogados Raquel Talavera y Erich Ratzlaff, defensores de la abogada Emma González Ramos, ex representante de Ramón Mario González Daher, en un comunicado advirtieron la alarmante situación de la misma. “Este caso trasciende la esfera individual y se erige como una grave amenaza al ejercicio libre e independiente de la abogacía” en el país, “sentando un preocupante precedente de criminalización que nos concierne a cada uno de los profesionales del derecho”. “Resulta inaceptable y profundamente perturbador que se pretenda responsabilizar penalmente a una abogada por el legítimo desempeño de su labor profesional”. Alega que es un nefasto precedente.
