El diputado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala de Lambaré, Carolina González, fueron denunciados en la fecha por una constructora por persecución de inocentes y otros delitos.
El legislador habría denunciado a la empresa, supuestamente, para evitar el pago de un saldo de la deuda por las mejoras en su casa. El monto fue de G. 2.400 millones y el saldo sin abonar fue de G. 400 millones.
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El abogado Juan Martín Barba indicó que el diputado denunció a la empresa Rehobot, una vez entregada la obra, por actividades peligrosas en la construcción, supuestamente, para evitar el monto que adeudaba.
📌 Con prepotencia, esposa de Orlando Arévalo cerró la puerta en la cara a periodistas
— Telefuturo (@Telefuturo) February 5, 2025
♦️ La concejal de Lambaré Carolina González, al llegar a la Junta Municipal, evitó hablar del caso de su marido, el diputado involucrado en los chats de Lalo Gomes.
♦️ También rechazó… pic.twitter.com/rmXngGIc3o
Los representantes de la empresa fueron imputados por la fiscala Sandra Ledesma e incluso contaban con un pedido de prisión que no fue concedido por el juzgado.
También reveló que Arévalo y su esposa tenían el dinero en maletines y no querían que se hagan facturas para no dejar rastros.
El miembro del JEM incluso recusó a cinco fiscales de Lambaré que no encontraron elementos para imputar a los empresarios y el caso llegó hasta la fiscala Sandra Ledesma, de Luque, que cuenta con antecedentes de haberse prestado, supuestamente, a un sistema de aprietes que fue largamente utilizado por el clan González Daher.
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Arévalo solicitó recientemente ser separado de manera temporal del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de los escandalosos chats con el diputado asesinado Eulalio Lalo Gomes, en el marco de un presunto blanqueo judicial a cambio de dinero.
Entre tanto, en el Congreso consideran incluso necesaria su destitución como diputado por tráfico de influencias, una de las causales para la pérdida de investidura.
El escándalo de los chats del diputado fallecido Eulalio Gomes derivó en un sumario a las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, además del pedido de jubilación por parte de la jueza Sadi López y la apertura de una investigación por el Ministerio Público.
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Ahora también el escándalo de los chats alcanza al miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Berni, a quien el diputado Eulalio Lalo Gomes pidió ayudar a la jueza Carmen Silva.
Silva es parte del Tribunal de Sentencia que absolvió y liberó a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, acusado por el homicidio del periodista Leo Veras y presunto brazo importante de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco del Primer Comando Capital (PCC).
Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió revocar la suspensión que pesaba contra las tres juezas.
