En la mañana de este lunes quedó instalada la Comisión Especial de Investigación de Títulos Falsos, tras el caso del ex senador Hernán Rivas. Quedó como presidente el oficialista Patrick Kemper, como vicepresidenta fue designada Esperanza Martínez, mientras que como relator se desempeñará el liberocartista Dionisio Amarilla.
Este último propuso investigar todas las universidades, pero para la oposición no es estratégico este planteamiento, principalmente porque el plazo para llegar a un resultado es de solo seis meses.
Martínez, por su parte, defendió la idea de empezar por la Universidad Sudamericana, teniendo en cuenta que es la responsable del conocido caso de Hernán Rivas y que además expidió 2.500 títulos en tres o cuatro años.
“Fue muy clara Blanca Ovelar: no se habla de título falso, son títulos originales de contenido falso. Se montó una estructura mafiosa para crear un curso que no existía o que tenía falencias o que tenía equis inconveniente; sale un título avalado por autoridades nacionales y esa persona en realidad no cursó la carrera”, señaló.
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Ante las dudas sobre el avance de la investigación atendiendo que el diputado cartista Yamil Esgaib y su hijo, el concejal Nasser Esgaib, obtuvieron sus títulos en dicha casa de estudios, la opositora espera que el objetivo de la comisión no sea la dilación y el blanqueamiento de las autoridades.
“Hoy todos fuimos muy claros, la senadora Blanca Ovelar y otros dijimos que venimos a trabajar, a hacer las cosas en serio y con rigor científico, si nos apartamos de eso, si no tiene ese carácter, nos vamos a retirar. Ustedes saben, tengo muchas cosas importantes que hacer para perder el tiempo en los vyrorei y creo que los demás colegas también”, advirtió.
La legisladora explicó que, similar a la comisión antimafia de pagarés, se debe desarrollar una metodología de trabajo para graficar la radiografía del sistema de corrupción que está instalado en la educación superior.
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“Todo lo que resulte de esta investigación, sea quien sea el que tenga el título, hay que proceder a anular esos títulos”, agregó.
En la misma línea se pronunció Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, quien considera un “chiste” que la investigación no empiece por la Sudamericana. Por otro lado, propuso revisar la normativa para establecer la obligatoriedad de las universidades de resguardar sus documentos académicos en el tiempo y que se tipifique como hecho punible su incumplimiento.
Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), participó de manera virtual y planteó al equipo centrarse en el entramado que fabrica títulos falsos. Comentó que además hay preocupación por la expedición de títulos de posgrado de forma exprés.
La cartista Lizarella Valiente apoyó el planteamiento de Dionisio Amarilla, que insta a la verificación de títulos de todos los legisladores. “Nosotros tenemos que ser ejemplo para la ciudadanía y sobre todo dar señales a toda la ciudadanía paraguaya de que esto no va a quedar impune y que nosotros como representantes del pueblo vamos a hacer algo en honor a esas personas que se han sacrificado para tener este título”, dijo.
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Así también, mencionó que una estrategia para que fluya la investigación es el pedido de informe de los registros académicos y a partir de allí abordar sobre las denuncias presentadas, en coincidencia con la propuesta de Amarilla.
El debate terminó sin que se acordara fecha y hora para la primera reunión, pero el presidente Patrick Kemper prometió comunicarse con cada uno para llegar a un consenso al respecto.
