La Corte Internacional de Justicia (CIJ) recibió la presentación de una intervención por parte de Paraguay en el proceso abierto por la demanda de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio cometido en la Franja de Gaza, lo que puso de nuevo al Gobierno de Santiago Peña en el ojo público.
La declaración busca que los ataques militares al territorio palestino por parte de Israel, que llevan hasta ahora más de 72.100 muertos y 171.800 heridos, queden por fuera de la figura de genocidio. De esta forma, Peña apunta a mostrar lealtad y favorecer al Gobierno de Benjamin Netanyahu a pesar de no formar parte.
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El senador Rafael Filizzola lamentó que el presidente opere internacionalmente por los intereses de Israel, país acusado de cometer genocidio cuando, contradictoriamente, Paraguay fue víctima de lo mismo durante la Guerra de la Triple Alianza.
“Peña se supera día a día en su política de sumisión a los intereses de otros países. ¿Qué tiene que ver Paraguay, un país que sufrió un genocidio, defendiendo otro contemporáneo? ¿Será que algún día va a demostrar el mismo interés en los problemas de los compatriotas que no son sus amigotes?”, expresó el legislador del Partido Democrático Progresista (PDP).
Peña se supera día a día en su política de sumisión a los intereses de otros países.
— Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) March 5, 2026
¿Qué tiene que ver Paraguay, un país que sufrió un genocidio, defendiendo otro contemporáneo?
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En el escrito, Paraguay alega que “las presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario” que le fueron impuestas a Israel como acusación, “quedan fuera del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio”.
Paraguay alegó que “el delito de genocidio debe interpretarse de manera coherente con el objeto y el fin de la Convención y la jurisprudencia establecida de la Corte, y no debe ampliarse para abarcar otras violaciones del derecho internacional”. “Cualquier ampliación de ese tipo correría el riesgo de diluir la gravedad específica del delito, socavar la seguridad jurídica y crear oportunidades para la instrumentalización o aplicación incorrecta de la Convención”, advirtió.
