“El acto institucional de la Contraloría, en cumplimiento de la Constitución, no es justiciable. Debe ser rechazado in límine. Es un quiebre del Estado de Derecho el planteamiento del MOPC y Dinac. Debe ser rechazado in límine pedido de nulidad ante Tribunal de Cuentas. El dictamen de la CGR es un acto institucional, no justiciable, que debe ser acatado por el MOPC en el marco del proceso de APP, proceso viciado por defectos en la propia Ley de APP”, expresó.
Resaltó que el Tribunal de Cuentas no puede revisar los actos institucionales de órganos extrapoder, como la Contraloría. “En este caso, no estamos ante una resolución administrativa que vulnera un derecho prestablecido a favor de una demandante en particular, sino ante un acto institucional de un órgano constitucional extrapoder con atribuciones para emitir dictámenes de carácter vinculante en el proceso de APP, y un órgano extrapoder que además representa los intereses ciudadanos de participar en el control de los asuntos públicos, cuyo dictamen debe oír y observar el MOPC en resolver el proceso”, señaló.
Afirmó que, en todo caso, las empresas agraviadas por la decisión del MOPC, en este caso los oferentes, podrán recurrir al Tribunal de Cuentas –con base en el dictamen de la CGR– a defender “sus respectivos derechos”.
Insistió: “El Tribunal de Cuentas debe rechazar in límine la impugnación de un acto institucional del contralor, porque el MOPC como órgano que debe velar por un correcto proceso de evaluación”, agregó.
La acción de nulidad fue presentada ayer en forma conjunta por el MOPC y la Dinac ante la segunda sala del Tribunal de Cuentas.
