“Es peligroso que ignoren la Constitución”, asegura Rafael Filizzola

“Además de hacer una muestra de amedrentamiento, donde muestra una ignorancia supina, porque toda nota periodística que no está firmada, constitucionalmente es responsabilidad de la dirección del medio, si el medio decidió que no firme los periodistas, es porque el medio se hace cargo de toda la consecuencia, de toda esa publicación”, manifestó el senador Rafael Filizzola.

Las declaraciones del legislador se dan tras el envío de un oficio fiscal firmado por los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez, solicitando a nuestro diario una copia íntegra certificada de la publicación periodística de fecha 13 de mayo de 2022, cuyo encabezado, expresa: “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”.

Además, pidieron datos de la persona encargada de la redacción del mencionado artículo. Agrega que el informe requerido deberá ser remitido en el plazo de 48 horas, a partir de la recepción del oficio, a la Unidad Fiscal N.º 7 de la Sede 1 de Asunción.

El oficio corresponde a una diligencia en la causa iniciada por el Ministerio Público luego de la denuncia promovida por el ex presidente Horacio Cartes sobre supuesta persecución política el pasado 31 de julio.

“¿Para qué están pidiendo la identidad de los periodistas? Se me ocurre para preguntarle quiénes son las fuentes y eso también es inconstitucional, porque el ejercicio del periodismo está protegido por la Constitución y el periodista no tiene la obligación de revelar sus fuentes, es gravísimo por la ignorancia que demuestran los fiscales”, señaló.

Refirió que es muy peligroso que el Ministerio Público tenga fiscales que ignoren de sobremanera la Constitución Nacional y los derechos de libre expresión que tienen los trabajadores de prensa.

Asimismo, indicó que mucho más grave al hecho de amedrentamiento, es el hecho que sigan las órdenes de los abogados del ex presidente Horacio Cartes, buscando “castigar”, a personas que en su momento se declararon en contra de su patrón.

“Fíjense lo perversa que es la denuncia, ellos dicen que es una suerte de conspiración nacional e internacional donde el Estado paraguayo le sometió al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y determinó la política exterior de los Estados Unidos, pero el abogado denunciante y otras personas cercanas a Cartes se pasan dando nombres sin fundamento y quieren que la fiscalía haga el trabajo sucio”, aseguró.

Manifestó que los fiscales desconocen el derecho y por sobre todo están sometidos políticamente y buscan la manera de imputar a las personas que Horario Cartes señaló como responsables.

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“Le tiene a estos fiscales que le desconocen el derecho, encima están sometidos políticamente y le tiran para que hagan el trabajo sucio y están buscando la forma de ver como encajan para poder imputarle a las personas que Cartes señaló que tienen que ser imputadas, que tienen que ser procesadas y de ser posible que tienen que ser encarceladas”, agregó.

Para finalizar, aseguró que uno de los fiscales que remitió el oficio aparece en uno de los audios del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, quien fue condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“En uno de los audios hace una afirmación del 31 M, y aparte también tuvo un conflicto de intereses. Creo que tengo entendido que una persona cercana a él entro a trabajar a la institución que él estaba investigando. Cómo puede ser que una persona que desconoce el derecho, que tiene malos antecedentes, siga siendo fiscal”, sentenció.

¿Cierre de la Senad?

Con respecto al posible cierre de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) el legislador estimó que esto también es aparentemente una orden directa del ex presidente Cartes ya que fue la entidad, en su momento, vinculada al caso del avión Iraní que le generó grandes problemas a Horacio Cartes.

“A partir de ahí surge el cuestionamiento suprimir una dependencia que es necesaria. Paraguay es signatario de dos convenios internacionales de lucha contra la corrupción y en esos convenios se establece el enfoque preventivo y de cooperaciones internacionales y ningún otro organismo del Estado, ni la Contraloría, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Auditoría General del Poder Ejecutivo, ninguna otra dependencia de control de la corrupción tiene ese carácter preventivo, todos esas instituciones tienen un control posterior, es decir, cuando el hecho ya ocurrió, en cambio en el enfoque de la Senad es justamente un enfoque preventivo”, señaló.

Asimismo, manifestó que la cumbre de poderes no debería tomar decisiones sin contar con la postura de los congresistas.

“El presidente del Congreso no tiene nuestra voz, el presidente del Congreso es la persona que, administrativamente está a cargo de la Cámara de Senadores y que dirige las sesiones, pero él no es la voz del Congreso. El Congreso es un colegiado, él no puede sentar posiciones en nombre del Congreso en reuniones como estas, tampoco el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial está para juzgar conflictos entre particulares tienen funciones jurisdiccionales, no sé qué van a sacar de esa de esa mal llamada cumbre”, señaló.

Lamentó que exista un marco legal que se quiere suprimir por razones políticas y que la cumbre de poderes para la lucha de la corrupción es solo una cortina de humo y nada más que eso.