El ex diputado y ahora senador cartista Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, compareció este lunes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, donde se estudia si se aprueba un dictamen a favor o en contra de retirarle sus fueros como parlamentario, para que finalmente sea sometido a la Justicia.
En la ocasión, Galeano intentó desmarcarse de los hechos por los cuales fue imputado y calificó de irresponsables a los fiscales que emitieron la imputación, Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak. Reiteró que el caso tiene que ver con una mera “persecución política”, liderada por su colega Derlis Osorio y el movimiento colorado Fuerza Republicana, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez.
“Teníamos una sociedad política en Capiatá, una alianza estratégica creada en el 2018, pero que se rompió el año pasado, y a partir de ahí el senador sistemáticamente empezó una persecución política hacia mi persona, alegando mis supuestos vínculos con las personas investigadas en el operativo A Ultranza, sin ninguna documentación”, justificó el legislador.
Refirió que, cuando aún era diputado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) intervino la Cooperativa Capiatá y que al día siguiente filtró con los medios copias de todos sus extractos, tras lo cual la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) procedió a intervenir la estación de servicios Alpina de su propiedad.
“La SET, inmediatamente, intervino la estación de servicios Alpina SA, buscando lo que en un principio era enriquecimiento ilícito. Grande fue la sorpresa de que aparte de no encontrar ningún abultamiento en las utilidades, un lavado, a través del viceministro Orué, me viene una multa porque la estación de servicios estaba vendiendo combustible a precio promedio por debajo del mercado. ¿A eso no le llamaríamos una persecución política sistemática de un Gobierno central solamente porque pasé de un bando a otro? Le tengo miedo al sistema, no le tengo miedo a la Justicia, le tengo miedo a la injusticia”, alegó.
Por su parte, el abogado de Galeano, Cristóbal Cáceres Frutos, desmintió que su cliente haya recibido la suma de USD 1.000.000 en efectivo por la venta de un inmueble al investigado Miguel Insfrán, alias Tío Rico, sino que supuestamente recibió una parte en una cuenta bancaria. Detalló que el equivalente a USD 605.000 se depositó en una cuenta bancaria. “La diferencia sí fue recibida en efectivo, no la totalidad”, argumentó.
“Tenemos, en consecuencia, la existencia de una operación absolutamente legal y lícita en la que no puede suponerse relación alguna con una organización delictiva. ¿Qué sentido tendría hacer una compraventa de un inmueble, incorporarla al sistema financiero para su trazabilidad y control, si su objetivo supuestamente era ocultar los supuestos vínculos con una organización delictiva. Reiteramos que la imputación formulada por los fiscales tiene contenido político, es tomada con base en suposiciones sin fundamentos claros”, cuestionó.
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En cuanto a la aeronave de propiedad de Erico y que habría sido utilizada por los investigados en el operativo A Ultranza Py, el profesional del Derecho dijo que su defendido desconocía quiénes la utilizaban y que fueron vuelos controlados por la Policía Nacional, con autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
“Por este motivo, supuestamente, estaría al servicio de la organización criminal y que habría recibido dinero del narcotráfico. Pero todos los vuelos eran registrados por la Dinac y la Policía Nacional es la encargada de controlar la situación de los pasajeros. No debe pensarse o interpretarse que estas personas única y exclusivamente utilizaban la aeronave. Unos pocos vuelos realizados por personas que posteriormente tuvieron problemas judiciales no pueden ser argumento suficiente para vincularlo”, expuso.
Señaló también que les resulta llamativo que los fiscales Corbeta y Pak, al solicitar la imputación y la prisión preventiva, no hayan presentado algunos documentos, como la solicitud de compra, el contrato entre la inmobiliaria y Erico, la sesión de derechos, la solicitud de orden de escritura y el presupuesto de escrituración, ni tampoco lo hayan remitido a la Comisión del Senado.
“Sabemos que el parlamentario es investido de fueros a efectos de no ser procesado, sabemos que este fuero se extiende para no ser objeto de un proceso como consecuencia de una persecución política. Pedimos que este punto sea atendido por la comisión. Hoy es Erico Galeano, mañana puede ser cualquiera de ustedes quienes sean víctimas de una persecución política gestada por rostros ocultos”, reiteró.
Lista de oradores
Durante la lista de oradores, Eduardo Nakayama recordó que lo importante es tener en cuenta lo que establece la Constitución Nacional, independientemente a cada caso. Aclaró que el desafuero no implica una limitación ni al debido proceso ni al principio de la presunción de inocencia.
Kattya González, de Encuentro Nacional, quien no es miembro de la Comisión pero participó del encuentro, aseguró que no ve dónde está la persecución política, ya que lo que corresponde es justamente que sea sometido a la Justicia.
De igual forma, Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, señaló que con sus argumentos, Galeano da a entender que Derlis Osorio manipula al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak.
En tanto, sostuvo que “hay elementos demasiados contundentes” en la investigación y que es un caso muy grave, por lo que no se puede hablar de una persecución política.
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La parlamentaria liberal Celeste Amarilla también se pronunció en el mismo sentido e incluso puso de ejemplo que recibió una propuesta similar, pero que se negó por evitar ser involucrada con un procesado.
La senadora contó que Galeano intentó adquirir un inmueble de su propiedad en San Bernardino, a través de un prestanombre y con dinero en efectivo, por USD 850.000. Sin embargo, aseguró que en todo momento se negó a aceptar el trato, para evitar ser vinculada con procesados.
El caso
El pasado 19 de mayo pasado, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak formularon la imputación contra el diputado colorado cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y asociación criminal. También solicitaron el desafuero del legislador y su prisión preventiva.
En las investigaciones realizadas en el operativo A Ultranza se descubrió que un inmueble suyo fue presuntamente utilizado para simular una compraventa, cuyo dinero provino del crimen organizado. Se sospecha, además, que una aeronave suya habría sido usada al menos cinco veces para el traslado de cocaína.
Los viajeros fueron Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González. Todos estos mencionados están imputados en la causa A Ultranza.
La conjetura del Ministerio Público es que Erico Galeano estuvo al servicio de la organización también lavando dinero a través de la Cooperativa Capiatá, donde supuestamente realizó 17 préstamos por un total de USD 6 millones, los cuales retornó, llamativamente, en uno o dos pagos.
