EFE
El atentado, ocurrido en el departamento de Concepción, fue el más sangriento de los ejecutados en toda su historia por el EPP, fundado en 2008 y al que el Gobierno atribuye unos 40 asesinatos.
Golpeó además a la principal arma del Gobierno contra el EPP, ya que todas las víctimas eran militares que integraban la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el combinado militar y policial creado durante el mandato del presidente Horacio Cartes para combatir al grupo armado.
Un golpe que además puso en evidencia la seguridad interna de la FTC, puesto que la patrulla atacada transitaba sin apenas protección en una de las zonas consideradas de “influencia” del EPP.
Las ocho víctimas, que realizaban tareas de control en un camino vecinal en el departamento de Concepción iban a bordo de un camión de la FTC en un trabajo considerado de rutina.
La mayoría de ellas viajaban al descubierto en la parte trasera del vehículo, cuando se produjo la explosión de un artefacto que fue detonado a su paso.
Poco después, los guerrilleros abrieron fuego contra los militares y huyeron con algunas armas y municiones de las víctimas.
Seis de ellas fallecieron en el acto, mientras que las restantes murieron cuando estaban siendo trasladados a un hospital regional.
El suceso tuvo un gran impacto en todo el país, que ese día se vistió de luto, en palabras del fiscal general del estado, Javier Díaz de Verón.
El atentado se produjo cuando Cartes regresaba a Paraguay desde México, lo que empañó la visita oficial del mandatario.
Visiblemente afectado, Cartes dio un paso al frente a su llegada al aeropuerto de Asunción, cuando asumió ante la prensa la responsabilidad por las ocho muertes.
Un día después se personaba en el lugar del atentado para dar ánimos a la FTC y “honrar el sacrificio” de las víctimas.
Sin embargo, las pérdidas humanas no frenaron las criticas de los partidos de la oposición y de la sociedad civil, que denuncian la ineficacia de los cuerpos de seguridad del Estado ante una guerrilla que se compone de unos 30 miembros, según los cálculos de la FTP.
Y es que un mes antes de ese atentado, la guerrilla había secuestrado a Franz Wiebe, un menonita de 17 años que trabajaba en una explotación agrícola en Río Verde, departamento de San Pedro.
El adolescente fue secuestrado junto a otro menonita, el cual fue liberado ese mismo día, portando un comunicado en el que el EPP exigía el pago de 700.000 dólares por la libertad de Wiebe.
Hasta ahora se desconoce el paradero de Wiebe, cuya familia se dirigió en noviembre a los secuestradores para exigir una prueba de vida.
En idéntica incertidumbre se encuentra la familia de Abrahan Fehrn, otro colono menonita que el 8 de agosto de este año cumplió un año cautivo del EPP, que pidió medio millón de dólares de rescate por su puesta en libertad.
La falta de noticias rodea también al tercer rehén de la guerrilla, el suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, secuestrado hace más de dos años, cuando participaba en una partida de caza en el departamento de Concepción.
A cambio de la libertad de Morínigo, el EPP propuso al Gobierno la liberación de algunos guerrilleros presos, canje que fue rechazado.
Las últimas imágenes de Morínigo se remontan a octubre de 2014, cuando las autoridades recibieron un vídeo en el que se le veía en un campamento guerrillero junto a Arlan Fick, un joven secuestrado meses antes y que cumplió sus 17 años en cautiverio.
Fick estuvo 267 días retenido y fue liberado tras el pago de un rescate de medio millón de dólares, según reconocieron sus padres.
Era el secuestro más largo de los realizados por el EPP, hasta el de Morínigo, quien se acerca al millar de días en cautividad.
Desde 2013 la Jefatura de la FTC, creada ese año, tras la llegada de Cartes al Gobierno, ha sufrido seis cambios, el último a finales de noviembre
Demasiada movilidad, según los analistas, para un cuerpo que nació con el único fin de acabar con el EPP.
