Es que, el 1 de noviembre del 2018, el entonces juez Paublino Escobar, se inhibió de la causa, porque el Tribunal de Apelación anuló su resolución. Ante esto fue sorteado el magistrado Óscar Delgado, que impugnó el apartamiento de su colega con el argumento de que en el expediente no había resolución alguna de nulidad.
La causa pasó al Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, para resolver qué juez debía ser el que tuviera la causa. Sin embargo, el juez Delgado se jubiló en el 2018, mientras que ese mismo año, su colega Paublino Escobar, fue designado como defensor adjunto, con lo que también dejó su cargo en el Poder Judicial.
No obstante, recién el 12 de octubre del 2023, a casi 7 años, el Tribunal de Apelación declaró inoficioso el estudio de la cuestión, ya que ambos magistrados dejaron sus cargos.
Así, recién el 24 de octubre del 2023, el expediente judicial fue devuelto al juzgado, ahora a cargo de la magistrada Lici Sánchez, que finalmente, declaró la prescripción, porque pasaron más de 5 años, del último acto interruptivo, que fue la acusación fiscal, planteada el 29 de octubre del 2016.
Con ello, fueron sobreseídos todos los procesados, por la prescripción declarada en el expediente. Aún queda la vía Civil, según la jueza.
EL CASO. La denuncia fue presentada por el entonces director de Yacyretá, Juan Alberto Schmalko, el 6 de febrero del 2014, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 9.860.000.000.
Más de un año después, el 28 de octubre del 2016, el fiscal René Fernández imputó a doce personas, entre ellas, a Enrique Cáceres Rojas, ex titular de la entidad, por supuesta lesión de confianza.
El agente solicitó prórroga extraordinaria, que fue otorgada por el Tribunal de Apelación, con lo que la acusación fiscal fue presentada recién el 29 de octubre del 2016, sin las evidencias, que se adjuntaron en diciembre del 2023.
La defensa de Agustín Saguier solicitó anular el pedido de prórroga del fiscal, lo que fue rechazado por el juez Paublino Escobar. Esto fue apelado, y el 7 de octubre del 2016, el Tribunal de Apelación anuló la resolución, ya que el juez no podía resolver la cuestión. Fue por esto que el juez tuvo que inhibirse, ya que se anuló su fallo. Ahí, vino la impugnación de Óscar Delgado y el expediente fue al Tribunal de Apelación.
Claro que en ese tiempo, hubo recusaciones a los camaristas, a ministros, a más de casaciones que contribuyeron a la prescripción.
Los doce procesados por el caso plantearon en el 2015, al inicio del proceso, la nulidad de la imputación y recursos de reposición. Esto fue rechazado por el juez ese año. El 26 de febrero del 2016, el Tribunal de Apelación ratificó la validez de la imputación. Ante esto, las defensas presentaron recursos de casación ante la Sala Penal de la Corte, que rechazó los pedidos el 3 de octubre del 2019, a 3 años y 8 meses de promoverse. En el caso de Mirna Ortiz, una de las procesadas, su recurso de casación fue rechazado por la Corte el 21 de enero del 2021, por lo que pasaron 4 años y 11 meses. Estos fueron tramitados en forma paralela al estudio de quién debía ser el juez del caso.
