La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que dispone la implementación gradual del presupuesto por resultados en organismos y entidades del Estado. El documento pasa a consideración de la Cámara de Senadores.
El proyecto señala que se entenderá por presupuesto por resultados la metodología que permite la aplicación de un conjunto de procesos para integrar el análisis sobre los resultados de la gestión pública al mecanismo de asignación de los recursos.
El Ministerio de Hacienda, en su carácter de administrador del Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (Siare), arbitrará los métodos necesarios para la reingeniería de los módulos que componen el mismo.
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La implementación gradual de la presupuestación por resultados en los organismos y entidades estatales deberá contemplar, a través del Siare, la vinculación de modo progresivo de la ejecución financiera con el avance físico previsto en cada institución.
En el sistema se estipularán clara y expresamente los indicadores que permitan medir el desempeño, la consecución de las metas y resultados previstos, de manera conjunta a la ejecución financiera.
La iniciativa también busca que Hacienda establezca las herramientas y los criterios de la planificación, seguimiento, evaluación, medición del desempeño y otros, que sean necesarios.
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El proyecto inicial contemplaba la creación de un Consejo Nacional de Evaluación de Políticas y Programas –dependiente del Ministerio de Hacienda– para evaluaciones, sin embargo, esta función fue concedida a la Contraloría General de la República.
El vocero de la Comisión de Cuentas y Control, diputado liberal Édgar Acosta, mencionó que el sistema de evaluación no se debe dejar en manos de Hacienda, ya que se puede correr con el riesgo de que exista una “manipulación política”.
El proyecto se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2020 conforme al grado de avance de las adecuaciones tecnológicas y procedimientos e instrumentos requeridos para su implementación.
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Para el proyectista, el colorado Arnaldo Samaniego, la iniciativa es una estrategia de inversión pública, que permitirá contar con un marco legal y jurídico para la ampliación presupuestaria.
El proyecto fue apoyado por varios legisladores, entre ellos el liberal Carlos Silva, que dijo que la mayoría de las instituciones solicitan ampliaciones para diferentes objetos de gastos, pero sin tener resultados tangibles.
