La suspendida jueza de Paz del Distrito de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, actualmente está enjuiciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a más de estar procesada en tres casos relacionados con la mafia de los pagarés.
Justamente, esta mañana, el Jurado debe estudiar el pedido de desafuero de la magistrada Cibils, en las dos nuevas causas en su contra, solicitado por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.
Además, el JEM tiene pendiente dictar sentencia en el juicio por supuesto mal desempeño en sus funciones que se abrió tras la primera imputación en su contra.
En ese organismo juzgador de jueces, el fiscal acusador, durante sus alegatos finales, había requerido la destitución de la magistrada por los casos de la mafia de los pagarés, mientras que la defensa solicitó el rechazo.
A JUICIO ORAL. Por otro lado, en la primera causa en su contra, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, había elevado el caso a juicio oral y público.
La resolución había sido recurrida por algunas de las defensas, por lo que actualmente es objeto de estudio ante el Tribunal de Apelación Penal.
Cibils está acusada por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, supuestamente por disponer a través de resoluciones la continuación de los juicios ejecutivos en forma irregular.
Supuestamente, los ujieres nunca notificaban los casos e informaban falsamente, lo que permitía seguir las acciones.
OTRAS DOS. Además, los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce presentaron otras dos imputaciones en contra de la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils.
Ambas también quedaron con el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien comunicó los casos al Jurado de Enjuiciamiento y solicitó el desafuero.
Recién una vez que el JEM admita el desafuero podrá darle trámite a esas dos nuevas imputaciones, ambas por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Los hechos son prácticamente los mismos, pero en otros expedientes. Notificaciones que no se realizaron y se informaron falsamente, lo que motivaron las resoluciones.