El gobernador de Misiones, Carlos Arrechea, y 10 intendentes del departamento, además de 12 organizaciones campesinas y pequeños productores emitieron comunicados para rechazar que se incluyan los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá en el Presupuesto General de la Nación 2021 (PGN 2021).
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Las autoridades municipales y departamentales señalaron que con el dinero de las binacionales se financian becas universitarias, asistencia integral a pequeños productores, mejoramiento del sistema de salud, construcción de viviendas sociales, equipamiento de escuelas y universidades y asistencia alimentaria, como también inversión en infraestructura y equipamientos y sistemas de agua potable.
Asimismo, convocaron a una movilización para este viernes en el cruce Santa María, en el Departamento de Misiones, y en caso de ser necesario anunciaron que se trasladarán hasta la capital del país para continuar con la medida, informó la corresponsal de la zona Vanessa Rodríguez.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó recientemente el proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y de la Itaipú Binacional, lado paraguayo, al PGN 2021.
La diputada Kattya González habló en su momento a favor del proyecto y dijo que el dinero de las binacionales en concepto de gastos sociales se utiliza para una “claque política”.
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Por su parte, el Gobierno propone convenios para transparentar el uso de los recursos, por medio de una estructura de acuerdos o convenios con las instituciones del Estado, como garantizar el control de la Contraloría General de la República, el sistema de licitación y la participación de Contrataciones Públicas, bajo una norma de estructura presupuestaria generada desde Hacienda.
Tras el veto del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley volvió al Congreso, donde los senadores rechazaron la objeción al proyecto de ley, ya que sostienen que los fondos son públicos y deben ser controlados. Por su parte, en la Cámara de Diputados hay una mayoría absoluta de colorados.
La medida fue argumentada por el ministro secretario de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien aseguró que la prelación de las leyes obliga al Ejecutivo a respetar los acuerdos internacionales, en este caso, los anexos de los tratados de Itaipú y Yacyretá.
