Se trata de la vulneración del sistema de monitoreo de cámaras de seguridad y el control de la prisión para hacer ingresar teléfonos celulares y otros objetos, así como el reclutamiento y la pronta complicidad de funcionarios penitenciarios corruptos a favor del clan, que pusieron en alerta a todas las autoridades, tanto de institutos penitenciarios, como del Ministerio de Justicia.
La situación generó incluso ayer el cambio del director del centro penitenciario de Emboscada, Tomás Bolaños, quien fue reemplazado por Jesús Emmanuel Pérez Guerrero, por disposición del Ministerio de Justicia.
Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que la decisión se tomó “para reencauzar la administración de la penitenciaría de Emboscada”, subrayando que existía “una grieta en cuanto al funcionariado y al ejercicio del control”.
Según lo trascendido, el pasado 1 de julio, los miembros del Clan Rotela habrían burlado el sistema de control y monitoreo por cámaras de seguridad para ingresar teléfonos celulares y otros productos a las celdas. Esto desencadenó en una serie de medidas inmediatas, entre las cuales se destaca la desvinculación de nueve agentes penitenciarios y funcionarios administrativos involucrados.
Según fuentes penitenciarias, se destrozaron cámaras de seguridad y se burlaron los controles en la zona de acceso al penal, lo que llevó a sospechar de la complicidad de los funcionarios.
Estos hechos primeramente generaron el traslado de siete internos del Clan Rotela, desde la cárcel de Emboscada a Minga Guazú. Además de las destituciones y traslados, se impusieron medidas disciplinarias severas a los internos involucrados, retirándoles privilegios como las visitas de familiares y el derecho a receso en áreas específicas.
Desde un principio, el Ministerio de Justicia trató el caso con mucho hermetismo para no dar una mala imagen y reconocer que el grupo criminal sigue teniendo poder en las cárceles.
veneratio. El violento operativo Veneratio se llevó a cabo en el penal de Tacumbú, donde las autoridades lograron recuperar el control de años del dominio del grupo criminal Clan Rotela, que usaba la prisión como fuerte.
La operación dejó como resultado seis reclusos muertos y un agente policial, además del traslado de 700 reos a otras penitenciarías del país.
