El Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e integrado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), presentó este miércoles la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026–2031.
Es una política de Estado que establece una nueva hoja de ruta para ampliar el acceso y uso de servicios financieros, fortalecer la educación financiera y la protección de los usuarios, e impulsar nuevas oportunidades para personas y empresas.
La propuesta se presenta en medio de un escenario de aumentos en el crédito a los hogares, impulsado principalmente por el consumo. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso ya alertaron sobre esta tendencia e instaron al país a estar preparados para actuar ante “indicios de un debilitamiento”.
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Según explicaron desde el Gobierno, la ENIF representa la primera actualización del plan de inclusión financiera en más de 10 años, tras su primer lanzamiento en el 2013, y fue elaborada con el apoyo de más de 160 representantes de alrededor de 40 instituciones públicas y privadas.
Durante el acto, realizado en el BCP, el presidente de la República, Santiago Peña, celebró el nuevo plan, instó a que sea implementado bajo un trabajo coordinado entre los diversos entes y toda la ciudadanía, mientras que destacó la importancia de resguardar a los usuarios.
“Entregar servicios públicos es muy costoso, llegar a las comunidades es muy costoso, y los servicios financieros son un servicio que cuestan mucho. (...) Esta estrategia pone a todos sobre la mesa. La estrategia tiene que ser de todos y en la medida en que todos participen esta estrategia podrá ser realmente lo más efectiva posible. Alentarles a que lleven adelante esta agenda, que se puedan realmente concretar acciones”, expresó en parte de su extenso discurso.
¿Qué se busca específicamente con la ENIF?
Según se observa en la página del MEF, la propuesta apunta primero a aumentar el acceso y uso efectivo de los productos y servicios financieros formales, además de reducir barreras y promover el uso de soluciones “adecuadas” a las necesidades de las personas y empresas.
En segundo lugar, busca promover la educación financiera orientada a la toma de decisiones “responsables у seguras”, así como fortalecer las capacidades para gestionar recursos, planificar y tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida.
Como tercer objetivo, apunta a fortalecer el marco regulatorio y de supervisión con enfoque basado en riesgos, moderno y seguro, mientras que busca proteger derechos, fortalecer la confianza y acompañar la evolución de productos y modelos operativos.
Por último, tiene como fin impulsar la infraestructura física у digital, promoviendo la complementariedad de canales y soluciones. También pretende atender brechas territoriales, de conectividad y operativas que limitan el acceso y el uso efectivo.
En ese sentido, el plan prioriza algunos sectores de la población, como las personas en situación de pobreza, que representan un 16% de la población. Se concentrará mayormente en zonas rurales y en comunidades que enfrentan barreras de acceso físico y digital, ingresos inestables y alta informalidad laboral.
También se pondrá énfasis en los trabajadores independientes y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales representan el 75% del empleo; las más de 780.000 personas adultas mayores, y la comunidad educativa, que alberga a más de 1.500.000 estudiantes y 85.000 docentes.
“Más del 70% de los ocupados trabaja por cuenta propia o en mipymes. Solo el 56% accede a financiamiento formal”, argumenta el documento.
La estrategia se implementará mediante un total de 39 acciones enfocadas a dar cumplimiento a los cuatro objetivos estratégicos mencionados, mientras que se contará con un sistema de monitoreo y seguimiento para conocer de forma periódica cómo avanza la ejecución del plan y evaluar los resultados.
