Los funcionarios, a través de su sindicato, en el 2010 habían planteado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1626 de la Función Pública. Obtuvieron la admisibilidad con medida cautelar de la suspensión de los efectos.
“Toda la ley no está vigente hasta que se estudie la ley de fondo”, explicó Sergio Cáceres, referente del sindicato de la Cámara Baja.
Indicó que la situación laboral es un poco compleja y se aspira a una ley de funcionario legislativo, así como tiene el Poder Judicial. “Hace falta, porque tenemos funciones distintas a las de los funcionarios del Poder Ejecutivo”, dijo.
Precisó que, en muchos casos, los funcionarios tienen más carga laboral. “Cumplimos más de ocho horas, muchas veces. No tenemos horario”, subrayó.
Agregó que tampoco se debe aplicar retroactivamente la Ley 1626, ya que se anteriormente a la promulgación de esa ley, se había establecido un horario de seis horas“. La Ley de la Función Pública no puede venir a determinarnos nuestras funciones como funcionarios de un poder del Estado”, precisó.
“Estamos muy manoseados y está intacto defender nuestros derechos como funcionarios”, señaló.
Indicó que se les habían despojado beneficios que constituían derechos adquiridos. “Nos amoldamos por la situación de la pandemia”, manifestó, aseverando que hubo muchos recortes.
Privilegiados. Recientemente, salieron a luz que nuevamente los diputados utilizan estos espacios para ubicar a sus parientes.
En las últimas semanas, la ciudadanía se indignó primeramente con la contratación del hijo del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, quien al verse embretado, renunció al cargo.
Quien no tuvo aún el tino de hacer lo mismo, es la hija del vicepresidente Pedro Alliana, quien se escuda en un cargo de confianza para percibir G. 18 millones.
El diputado colorado Héctor Figueredo no solamente ubicó a su hija Camila Lucía Figueredo con un salario de G. 15 millones en la Cámara de Diputados, sino también a su hijo, Daniel Figueredo, quien gana la suma de G. 14.591.654 en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La diputada liberal Roya Torres, por su parte, llevó a su hijo de 19 años a la Cámara Baja con un salario de G. 9.500.000, pero este no se presenta a trabajar.
Sin el requisito de tener alguna profesión u ocupar una función específica, la Cámara Baja abrigó a parientes y operadores políticos con el único criterio de ocupar espacios. Este año llegan a 500.
Entre los privilegiados asesores también se ubican las parejas sentimentales. Así, los diputados colorados Germán Solinger, Benjamín Cantero, entre otros, tienen a sus respectivas esposas como nombradas en este periodo con sueldos que llegan a los G. 12 millones. La hija del diputado José Domingo Adorno justificó su contratación por parte de su propio padre, pese a tratarse de claro nepotismo. Percibe G. 4 millones.
