14 jul 2026

En caso de ex fiscala Ana Girala, advierten a procesados para preparar defensa por más cargos

El Tribunal de Sentencia que juzga a la ex fiscala Ana Girala advirtió esta mañana a los otros procesados para que preparen su defensa por cargos de enriquecimiento ilícito y complicidad en el tráfico de influencias y en el cohecho pasivo agravado. El juicio oral se realiza desde mayo del año pasado en el Palacio de Justicia.

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Extenso. En mayo se cumple un año del inicio del juicio a la ex fiscala Ana Girala y otros procesados.

Foto. Gentileza.

Las juezas de Delitos Económicos, Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, realizaron la advertencia prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal, de modo a que los acusados preparen sus defensas para varios cargos que no fueron previstos en la acusación del Ministerio Público y que los magistrados observaron en los hechos.

Asimismo, respecto a los abogados Nélida Vicenta Alcaraz, Liz Elena Martínez, Marco Aurelio Velazco Mendoza, debían hacerlo por complicidad en supuesto cohecho pasivo agravado. Respecto a Alcaraz también por enriquecimiento ilicito y complicidad en tráfico de influencias.

En el caso de la ex fiscala Ana Girala ya al comienzo del juicio oral, se había hecho la advertencia para preparar su defensa por presunto enriquecimiento ilícito.

En la audiencia, las magistradas señalaron que se realizará una pericia y que los peritos iban a declarar en forma conjunta, para hacer un careo, conforme señalaron. Además, que se iban a usar los equipos del Poder Judicial.

Lea más: Continúa juicio oral para ex fiscala Ana Girala y coacusados

Según refirieron los abogados, cuando se realizaba la producción de una prueba que estaba en el pendrive, sobre la extracción de datos de los celulares de los procesados, había link donde estaban los archivos, pero no pudieron ser abiertos.

Es así que se trajo la copia espejo de la fiscalía, pero según la defensa, los mismos no eran iguales, por lo que se dispuso la pericia de los mismos.

Esta es la última prueba que se realiza, antes de iniciar los alegatos finales por parte de la fiscalía y las distintas defensas.

El caso se inició ante una denuncia de que supuestamente la entonces fiscala Girala pidió la suma de G. 32.500.000 a un procesado en una carpeta fiscal abierta por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública, para ser beneficiado con una salida procesal.

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