Esta mañana, ante el citado juzgador Darío Báez, estuvieron la madre de la niña; el defensor del Pueblo, Rafael Ávila; la médica tratante, Olga del Carmen Gutiérrez, y un perito judicial, que evaluará el caso.
En la diligencia, la madre señaló que hace ocho años que su hija sufre de dermatitis atópica severa, que requiere el medicamento denominado Upadacitinib, según la médica tratante, que no forma parte del Vademecum del Ministerio de Salud.
La madre resaltó que ya realizó varios tratamientos, sin que tuvieran resultados, que fueron en el Hospital de Clínicas y el Hospital de Villa Elisa, hasta que finalmente fueron hasta el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, donde le recetaron el citado medicamento.
Por su parte, la médica tratante Olga Gutiérrez, una dermatóloga que hace 23 años y 8 meses está en el citado hospital, que estuvo vía telemática, refirió que la niña tiene una enfermedad sin cura conocida, y que se realizó los tratamientos convencionales para la enfermedad, pero no tuvieron resultados.
Explicó que el medicamento recetado es una terapia avanzada actual, que tuvo resultados positivos en los pacientes con los que se utilizó.
La médica señaló que las peores son las lesiones en la piel, ya que por la edad, la niña sufre bullying a menudo, por lo que hace que tenga una carga psicológica y física, que repercute en la paciente.
El juez Darío Báez señaló que realizó la audiencia, ya que en la receta dice en mayúscula “No Sustituible”, por lo que quiso tener más datos del caso. Además, aclaró que ya tenía ocho amparos contra el Ministerio de Salud, y la cantidad de casos que se dieron lo hacen toda una epidemia.
Defensor del Pueblo
Por su parte, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, señaló que ya tuvieron 45 amparos para este medicamento que fueron concedidos, pero pese a ello el Ministerio de Salud no lo incluye en su vademécum.
Alegó que la mayoría de los amparistas llegan a ellos como última instancia, luego de haber vendido todo lo que tenían y en una situación insostenible, cuando llegan a pedir ayuda para conseguir los remedios.
El defensor señaló que entre junio y diciembre del año pasado tuvieron 1.380 amparos por medicamentos contra la secretaría de Estado.
De ellos, 90 amparos fueron por uno específico, 70 casos por otro medicamento y 45 del actual, y pese a ello, el Ministerio de Salud no lo incluye entre los que deben ser adquiridos para tratar las afecciones.
Remarcó que sus amparos son para curar o, en todo caso, mejorar la calidad de vida del paciente; en este caso la de una niña.
Los demás profesionales señalaron que si bien la Ley 2320 habla de que debe darse el nombre de la droga y no el comercial, hace la excepción en casos de patologías de alta sensibilidad social y casos de fuerza mayor.
No estuvo ningún representante del Ministerio de Salud, pese a que fueron citados por el magistrado, quien deberá resolver en los próximos días. La secretaría estatal tiene hasta el viernes para responder al informe y luego podría darse la sentencia, antes del final de la feria.
