El ingeniero Ricardo Canese estuvo a cargo de presentar ayer la denuncia de sobrefacturación por las obras de la Alianza Público Privada (APP) de la ruta PY02, referente a la duplicación y ampliación de la vía, en el tramo desde el desvío de Ypacaraí hasta el km 183. El proyecto está a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este SA, consorcio conformado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A.
La acusación, un documento de 37 páginas, es firmada por los ingenieros Hermann Pankow, Mercedes Canese y Ricardo Canese. En el escrito se acusa que la empresa Ocho A, vinculada al senador colorado Luis Pettengill fue beneficiada con las obras. Intentamos hablar con el legislador, pero no lo logramos en su teléfono móvil de terminación 665.
Los denunciantes adelantaron que el caso también se presentará ante la Fiscalía. Ricardo Canese señaló a Pettengill, quien fue candidato cuando la Constitución lo prohíbe, considerando que es contratista del Estado con su empresa Ocho A. “Es un hecho extremadamente grave, hubo alteración del contrato, violación de la ley y de la Constitución”, manifestó.
Números. Canese afirmó que los costos de ejecución del proyecto pasaron de USD 500 millones a USD 816 millones, pero si se incluyen los pagos de peajes de los usuarios de la vía la cifra trepa hasta los USD 2.000 millones. “En mi opinión esto (el contrato) tendría que ser cancelado, no se le tendría que pagar un céntimo a la empresa, y los directivos de estas empresas tendrían que estar querellados por estafa”, expresó el ingeniero.
En la denuncia, se preguntan si el Gobierno ¿cuidaba el interés general o el particular del consorcio Rutas del Este? “No aplicó multas pese a casi 3 años de retraso; gestionó créditos ilegales del BNF al consorcio integrado por Pettengill en bioceánica y ruta 2, violando la Ley 5800/17 art. 4, ya que dichos consorcios no son nacionales en mayoría. Se suben los peajes por decreto, sin ley que lo respalde, y se los hace obligatorios usando la fuerza pública para perseguir a los infractores. Entonces, ¿hay o no signos de asociación ilícita entre el gobierno y el contratista?”, se lee en el documento.
A su turno, Pankow indicó que el propio Pettengill “confesó que sigue con las acciones de Ocho A que tiene 40% de las acciones”. “Eso lo prohíbe clarito el 196 de la Constitución, y siendo candidato tampoco podía ser, que lo establece el 197 en el inciso 6. Él está siendo senador y contratista del Estado, algo totalmente inconstitucional”, afirmó.
Además, señaló que otro punto llamativo del caso es que tres empresas estaban en el consorcio Rutas del Este: Mota-Engil, Sacyr y Ocho A, pero la primera dejó el grupo. “Ocho A le pone a Mota-Engil para eliminar ofertas, para que nadie pueda cumplir los rigurosos requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, y luego le entrega las acciones”, acusó el ingeniero sobre las obras para las cuales se presentaron once interesadas, pero donde solamente una quedó precalificada.
500 millones de dólares fue la inversión inicial estimada para ampliar y duplicar la ruta PY02 en 149,5 km.
816 millones de dólares es lo que terminará costando al Estado el proyecto, de acuerdo con las adendas realizadas.
El contrato más grande para obras en la historia del país
La duplicación y ampliación de la ruta PY02, desde el desvío de Ypacaraí hasta el km 183, donde inicia la concesión de Tape Porã, inició con “la concreción del mayor contrato de obras en la historia del Paraguay, bajo la modalidad de la Ley de Alianza Público Privada (APP) y el primero en ejecutarse”. La inversión estimada por el MOPC al inicio fue de más de USD 500 millones y la ejecución está a cargo de la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este.
“Con la duplicación se reducirán los tiempos de manejo entre Asunción y Ciudad del Este a unas 3 horas y media, lo que actualmente se hace hasta en 6 horas”, destaca el Ministerio de Obras Públicas en su sitio web.
