Security Service Tecnology SA criticó a los medios de prensa que hacen alusión a la diferencia en el monto cotizado por guardia de seguridad al IPS, en comparación al servicio que brindan al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), por lo que expresaron que cada entidad establece sus pliegues de bases y condiciones “con mayores o menores exigencias que influyen en un mayor o menor precio”.
“Los infundados ataques podrían dejar en la calle a casi 1.600 empleados. No nos queda más que llamar a la cordura para evitar un conflicto social de dimensiones superlativas”, expresó la empresa a través de un comunicado emitido este miércoles.
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Aseguraron que la previsional no solo solicitó el servicio con capital humano, sino que también “cuantiosas inversiones en tecnología”, que decidieron amortiguar contra el costo facturado por cada guardia de seguridad (700 en total).
Insistieron que, a diferencia de la licitación que ganaron anteriormente con el SNPP, los servicios prestados y solicitados son mayores en el caso del Instituto de Previsión Social.
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En otro punto, alegaron que tampoco se puede hablar de una sobrefacturación, porque el monto ofertado por la empresa privada se ajustaba al valor referencial determinado por la institución pública.
También aclararon que ni la empresa, ni sus socios, ni Óscar Chamorro, a quien niegan como parte del directorio de la compañía, hayan ofrecido o autorizado a terceras personas el ofrecimiento de dinero para fines ilícitos o no éticos.
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Esto último se refiere al escándalo desatado por un supuesto pago en efectivo a un periodista del diario ABC Color, que está siendo investigado por el Ministerio Público. El mismo investigaba y emitía noticias contra la licitación mencionada.
María Luz Peña, productora y consultora, cuyo cliente es Security Service Tecnology, fue denunciada públicamente por supuestamente haber pagado al comunicador para cesar con una serie de publicaciones sobre el proceso.
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Antes, la mujer supuestamente organizó una reunión entre Chamorro, el periodista denunciante y el senador liberal Dionsio Amarilla, quien negó haber incurrido en tráfico de influencias por este hecho.
Por el caso, la Cámara de Senadores analiza tratar la pérdida de investidura del legislador, quien además adeuda la entrega de su declaración jurada de bienes.
