El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral la segunda causa por la cual está procesado el ex intendente de Lambaré Armando Gómez, donde se habrían anulado facturas por un valor de G. 9.317 millones, en perjuicio de la Municipalidad.
También irán a juicio Roberto Paredes, ex director de Administración y Finanzas; Rodrigo Portillo, jefe de Tesorería, y Ricardo Ronald Riccardi, funcionario del Departamento de Gestión Tecnológica.
Por su parte, fueron sobreseídos definitivamente el ex director de Auditoría Interna Walter Omar Belotto y la contadora Sonia Raquel Notario.
Ambos estaban procesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, pero, según el Ministerio Público, no se probaron los hechos.
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No participó de la audiencia
Quien también está acusado, y fue citado para la audiencia preliminar de ayer fue el ex director de Informática Iván Villalba, quien solicitó comparecer por medio telemáticos desde Barcelona (España).
Esto fue denegado por el juez Humberto Otazú, y Villalba presentó una reposición con apelación en subsidio. Ahora, se deberá fijar una fecha para la audiencia.
El permiso para su viaje al extranjero había sido bastante cuestionado, ya que se presume que podría ser uno de los cerebros del megagolpe que se le dio a la Municipalidad de Lambaré, a través de la anulación de comprobantes de ingresos.
Pedido de modificación de medidas
El abogado Arístides Duré, querellante adhesivo en la causa, solicitó la revocación de las medidas alternativas y la imposición de prisión preventiva para los acusados, argumentando que el monto de las fianzas reales resulta ínfimo en comparación con el supuesto daño patrimonial, estimado en G. 9.317 millones. También por la expectativa de pena, ya que hay un concurso de delitos.
Sin embargo, el fiscal Francisco Cabrera pidió que se dicte la prisión preventiva, y finalmente el pedido fue denegado por el juez.
Supuesto “esquema criminal”
Tanto el ex intendente Armando Gómez, como Paredes, Portillo y Ricciardi, según el fiscal Francisco Cabrera, “idearon un plan para hacerse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la Municipalidad en concepto de impuestos”.
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Supuestamente se diseñó un sistema de anulación de facturas, retención de depósitos en Tesorería y remisión tardía a los bancos.
Según la Fiscalía, el plan consistía en que Portillo, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Finanzas y este le señalaba los montos a ser sustraídos.
Finalmente, el jefe de Tesorería le avisaba a Édgar Villalba para que proceda a anular facturas en el sistema informático.
Las anulaciones se llevaban a cabo una vez que concluía el horario laboral supuestamente y se llegaban a anular por día entre G. 20 millones, G. 30 millones y hasta G. 40 millones.
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Así habría logrado anular 6.390 facturas de los contribuyentes.