La defensa de la funcionaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Evelin Librada Paredes, cuestiona la medida cautelar decretada por el magistrado y pide que sea revocada. Además, solicita la aplicación de medidas menos gravosas.
En el caso, el magistrado decretó ayer la prisión preventiva de Paredes y de la coimputada, la abogada Zully Ortiz, quienes fueron procesadas por supuestos hechos de coacción y amenaza de hechos punibles.
Ambas habían sido detenidas en los allanamientos realizados el pasado miércoles en los respectivos domicilios y en el estudio jurídico de la profesional del Derecho.
Luego las dos fueron imputadas por los citados delitos, en la causa abierta por las supuestas amenazas al periodista y director del medio El Observador, Carlos Benítez.
En la audiencia, las procesadas participaron de manera telemática, habían decretado la prisión preventiva, teniendo en cuenta el peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.
Esta mañana, la defensa planteó el recurso de apelación, que el juez deberá dar trámite y correr traslado a la Fiscalía.
Además, respecto a la defensa de la abogada Zully Ortiz, aún tiene plazo para presentar el recurso, ya que son cinco días corridos a partir del día siguiente de la notificación, conforme señala la legislación.
En el caso, respecto a la funcionaria Evelin Librada Paredes, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA dispuso la suspensión preventiva en su cargo. Cumplía funciones en el Departamento de Recursos Humanos de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas.
Respecto a la abogada, ya el pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de la matrícula de la profesional del derecho.
El miércoles se realizaron tres allanamientos, uno en el inmueble del barrio Roberto L. Petit, donde fue detenida Librada Paredes Frutos. Después, la vivienda ubicada en 23 Proyectadas y Morelos, en el Barrio Obrero, perteneciente a Zully Ortiz y, finalmente, el estudio jurídico de la profesional, en el barrio Sajonia, todos de Asunción.
En el operativo se incautaron de equipos informáticos, celulares y documentos, de modo a que sean cotejados y peritados.
La investigación es por el atentado que sufrió el periodista el 18 de setiembre del 2025, cuando desconocidos habían hecho tres disparos a la vivienda del comunicador. Los ataques estarían vinculados a investigaciones periodísticas sobre la mafia de los pagarés, iniciadas en octubre del 2024.
