La resolución afecta a los acusados Wilfrido Ceferino Estigarribia Benítez, Gabriel Marino Dávalos Cartasso y José María Godoy, quienes enfrentarán juicio oral, según resolvió el magistrado.
Conforme con la Fiscalía, la investigación se basó en la interceptación de comunicaciones autorizada judicialmente, lo que permitió identificar a los miembros, sus roles y los planes del viaje interceptado en marzo de 2025.
El 15 de marzo de 2025, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas interceptaron el ómnibus en la vía pública tras salir de la propiedad de Wilfrido Estigarribia, en cuyo interior hallaron el cargamento oculto y se incautaron de 2.196,4 kilos de marihuana distribuidos en panes.
En el caso, se descubrió la estructura criminal que utilizaba a una iglesia umbanda como fachada para transportar marihuana al Brasil. Según la Fiscalía, la organización operaba a través del Centro Espiritual “Ile Mbokaja Ñuati Conga Pae Marcos de Oxossi”.
La iglesia organizaba viajes “todo pago” para feligreses al Brasil con el pretexto de asistir a eventos religiosos, específicamente el culto candomblé. De esta manera, usaban ómnibus de turismo acondicionados con compartimentos de doble fondo bajo los asientos.
Salían en grupo
Refiere la acusación que el grupo tenía una quinta en Pedro Juan Caballero, donde el bus hacía una parada para que los feligreses descansaran, momento que era aprovechado para cargar la droga en el vehículo.
El Ministerio Público dice que Gabriel Dávalos Cartasso era el supuesto líder religioso –que se hacía llamar “Pai de Santo"–, encargado de reclutar a los feligreses y coordinar los viajes para que sirvieran de cobertura ante los controles fronterizos.
Por su parte, Wilfrido Estigarribia Benítez era dueño del inmueble en la frontera donde se realizaba el acopio y la carga de la sustancia. Por su parte, José Godoy Fretes era chofer del colectivo.
En el caso, está con rebeldía y orden de captura Óscar Florentín Olmedo, dueño de la empresa de transporte y turismo, encargado de proveer y acondicionar los vehículos.
En la audiencia preliminar, las defensas plantearon varios incidentes, entre ellos, exclusiones probatorias, nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo, donde cuestionaban la cadena de custodia y la legalidad de los allanamientos, los que fueron rechazados por el magistrado.
Finalmente, el juez Legal admitió la acusación contra los procesados, mantuvo la prisión preventiva y elevó el caso a juicio oral.
