El año pasado, con los casos de corrupción en plena pandemia, hubo una movilización de protesta. Una caravana de vehículos recorrió la Costanera de Asunción y el microcentro. Frente al Panteón, muchos descendieron de sus autos e hicieron declaraciones a la prensa. La Fiscalía acusó a algunos de ellos por aglomerarse durante la cuarentena sanitaria. María Esther Roa fue una de las procesadas.
Para entonces, ella ya era muy conocida como la abogada que encabezaba una organización que se dedicaba a “escrachar” a políticos corruptos, así como a los jueces y fiscales que los protegían. Ese grupo, inicialmente muy pequeño, había decidido hacer algo más que quejarse desde el teclado de una computadora y había logrado un creciente apoyo ciudadano. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, señalada como la principal agente de impunidad, fue varias veces blanco de los “escrachadores”.
Con el paso de los meses, hubo más de 13.000 personas imputadas judicialmente por violación de la cuarentena, pero el único caso que llegó a juicio oral y público fue el de María Esther Roa. De acuerdo con su defensor, Guillermo Ferreiro, “ella fue procesada por aglomeración, una figura jurídica que ni siquiera existe. Fue víctima de un sistema inquisitivo, pues la Fiscalía sostuvo que no haber aceptado el hecho constituía un agravante”.
Los fiscales que se ensañaron prolijamente contra la activista afirmaron, por su parte, que debía ser condenada a pagar 300 días de multa, es decir, unos ocho millones de guaraníes. Los nombres de estos fiscales son Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez. Debo decir dos palabras sobre ellos. Están unidos por su habilidad futbolística y por su obediencia a la superioridad. Ruiz Díaz brilló en la década de los noventa como delantero de Talleres de Córdoba y Ramírez muestra hasta hoy su talento como defensor en los torneos del Deportivo Sajonia. Ese no es el problema. El problema está en lo segundo.
María Esther Roa asegura que ambos actuaron en su caso obedeciendo indicaciones superiores. Contó que el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz le confesó, al tomarle la indagatoria, que tenía órdenes de detenerla y dejarla recluida en una comisaría durante todo el fin de semana, pero que él la dejaría ir a su casa. Al ser entrevistado sobre los dichos de Roa, el fiscal desmintió que Sandra Quiñónez le haya ordenado nada. Curiosamente, nadie había citado el nombre de la fiscala general.
Por su parte, Ángel Ramírez se quejó amargamente durante mucho tiempo de la persecución que sufrió por parte del sistema judicial. Años atrás, el fiscal había indagado a la escribana Nélida Chávez, esposa de Óscar González Daher, quien estaba siendo investigada por realizar unas raras escrituras de transferencia de tierras vinculadas a Tranquilo Favero. El poderoso senador era entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Ramírez fue inmediatamente suspendido. Cuando González Daher cayó en desgracia por el caso de los audios, Ángel Ramírez recuperó su cargo y dijo: “Se dio vuelta la tortilla”. Ahora es él quien está del lado de los que persiguen. ¿La tortilla sigue girando?
Parecía que nada —ni siquiera un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema— podía evitar la consumación de la venganza contra Roa. Más que la multa, el objetivo era humillarla. Demostrar quién manda, dónde está el poder. Pero un Tribunal de Sentencia —integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Fabián Escobar— sorprendió haciendo lo que se espera de ellos: Impartir justicia con independencia, no había delito, porque la violación a la cuarentena no está prevista en ninguna ley, solo en un decreto. Nulla poena sine lege. No hay pena sin ley. La absolución de María Esther Roa evita que el sistema judicial paraguayo se someta a una vergüenza más. Iba a ser usado como látigo vengativo. Reconforta comprobar que todavía queden jueces dignos en esta República.
