La informalidad laboral es la deuda pendiente del crecimiento económico. Luego de más de dos décadas de crecimiento económico y de pasar en 2014 de ser un país de ingreso medio-bajo a uno de ingreso medio-alto, según el Banco Mundial, la tasa de informalidad laboral medida por el porcentaje de ocupados que aporta a alguna Caja de Jubilación es de apenas el 27%. Esto significa una tasa del 73% de informalidad laboral, un porcentaje más alto que el que señala el INE del 60% (ocupación informal) porque incluye a los que tienen RUC; sin embargo, pagar impuestos en Paraguay no significa que se tenga seguridad social, como es en otros países que cuentan con algún mecanismo, a veces llamado monotributo, por el cual parte del impuesto se destina a un fondo de protección social.
La reducida cobertura refleja la escasa preocupación de las autoridades por la protección al trabajo y la estabilidad económica de los hogares, la ausencia de cotización a una jubilación implica también falta de un ingreso básico, estable y seguro, licencias parentales, tiempo para vacaciones y compartir con la familia, prestaciones adicionales como un seguro médico o apoyo económico a la crianza de los hijos y garantías para acceder a mejores condiciones crediticias para un emprendimiento o vivienda propia.
La informalidad laboral, junto a todas sus anteriores consecuencias, es una de las causas de migración interna y externa. Miles de hogares paraguayos tienen a uno de sus integrantes lejos de su hogar, siendo las remesas el mecanismo que garantiza una mínima estabilidad económica, a costa del desarraigo y la desintegración familiar.
El trabajo remunerado es la principal fuente de ingresos de los hogares en Paraguay. El ingreso laboral es uno de los determinantes de la pobreza, de la autonomía económica de las personas que en muchos casos define su autonomía política y, en el caso de las mujeres, la posibilidad de dejar entornos violentos y proporcionar calidad de vida a su familia. No hay que olvidar que el 41% de los hogares tiene jefatura femenina autodeclarada y económica, siendo sus hogares más vulnerables por su estructura familiar, por la discriminación salarial hacia las mujeres y por sus menores oportunidades económicas.
A pesar de que la fuerza laboral es el motor del crecimiento económico y eso fue claramente demostrado en la pandemia, el trabajo ha tenido una escasa atención por parte del Estado. Un marco normativo de la seguridad social inadecuado para las características del mercado laboral y un Ministerio tardíamente creado, con escaso presupuesto y debilitado para garantizar la protección a los trabajadores son señales inequívocas del escaso valor que el poder político y económico le ha dado al trabajo.
En 2025, el 81,4% de los funcionarios públicos aportaban a una Caja de Jubilación, mientras que solo el 41,3% de los trabajadores en el sector privado y el 4,9% de las trabajadoras domésticas lo hacían. Los empleadores y trabajadores por cuenta propia no tienen cobertura (0%).
Por sectores, la industria es la más formalizada, aunque con apenas el 35,2% de su población ocupada cubierta. El comercio, restaurantes y hoteles tienen cubierto al 23% y otros servicios alrededor de un tercio de sus trabajadores. Llama la atención que uno de los sectores más apoyados por la inversión pública: el sector de la construcción solo tiene al 9,1% formalizado.
La exclusión de una población trabajadora tan amplia tiene al menos tres razones: Un crecimiento económico de baja calidad, un marco normativo históricamente centrado en el trabajo con relación de dependencia que en Paraguay es minoritario y el bajo apego a la ley del sector empleador. Por lo tanto, las soluciones están en el ámbito de las reformas del marco legal para incorporar a todas las personas adultas sin importar su estatus laboral, garantizar el cumplimiento de las normas eliminando cualquier forma de evasión e impunidad y la transformación productiva.
Por fuera de todos estos porcentajes quedan los trabajadores de la agricultura y las mujeres fuera de la fuerza laboral, quienes a pesar de su relevancia por sus aportes imprescindibles para la vida de las personas y la reproducción de la fuerza de trabajo como son la alimentación, los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Este amplio grupo de personas también tiene derecho a una jubilación.
Uno de los grandes desafíos de nuestro país es universalizar las jubilaciones y uno de los caminos es la formalización laboral garantizando como mínimo ingresos básicos y estables, jubilación, seguro de desempleo, licencias laborales, protección financiera ante la enfermedad y los accidentes laborales.
