En una República, las formas importan porque dan cuenta del lugar donde el poder se encuentra. La secuencia de los actos públicos no es neutral y el que escucha primero suele ser el más importante. Por ello, la decisión presidencial de presentar primero su informe ante el partido no es fortuita, y devela de forma clara la radiografía del poder real y la subordinación de las formas republicanas.
El problema no es que un presidente haga informes a su partido. Los partidos son actores institucionales claves y, de hecho, no existen democracias liberales sin partidos. Un buen diálogo con los partidos contribuye a la estabilidad democrática. Aquí la cuestión es que se rindan cuentas primero a su facción y solo después a la institución que representa la pluralidad de la ciudadanía. Pero esta reverencia presidencial al jefe político de la facción antes que al Congreso no expresa una confusión de lealtades. Al contrario, constata empíricamente donde reside el poder real.
La existencia de facciones tampoco es el problema. Hace mucho tiempo, James Madison señaló que las facciones no debían ser eliminadas, sino contenidas en sus efectos. Una solución fue la arquitectura institucional republicana de frenos, contrapesos y controles recíprocos. Precisamente, en ese ámbito es en el que se dan las regresiones democráticas contemporáneas. No se destruyen las instituciones, sino que se las vacía de contenido. Las instituciones existen y conservan su forma, pero sus capacidades para controlar a las mayorías y garantizar la rendición de cuentas públicas se debilitan. Otro ejemplo de este aplanamiento institucional es la reciente negativa de la CSJ de ejercer su rol contramayoritario.
El caso paraguayo es particular, en el sentido de que presenta una variación respecto de aquello que Guillermo O’Donnell llamó democracias delegativas, donde es el presidente el que reclama para sí una autoridad que se posiciona sobre el control institucional. Aquí pasa algo diferente. El presidente mantiene la formalidad de su investidura, pero desplaza la legitimación política de su mandato a su facción o, en última instancia, al líder de esta. No es el caso típico de concentración hiperpresidencial. Es, más bien, una presidencia tutelada y, en ese sentido, es coherente con la realidad.
Otra singularidad es que el propio Congreso parece aceptar el desplante. Y no es que se trate de una representación hostil y adversa al presidente, sino que, por el contrario, se encuentra dominada por el mismo grupo político. El acto de rendir cuentas, entonces, deja de ser un ejercicio de control horizontal y se parece más a un acto de confirmación del poder de la facción.
Esta presidencia tutelada no es una sorpresa. Era la posibilidad más lógica, dadas las reglas informales de nominación de los líderes. Pero su confirmación en la práctica es una degradación sistemática más de la autoridad presidencial. Aunque la historia de los ejecutivos paraguayos no es precisamente virtuosa, esta situación de subordinación política extrapresidencial es problemática para la institucionalidad y para la idea de la soberanía popular.
En una República, el presidente gobierna para la nación y no para su partido. Se responde primero a la ciudadanía y no al jefe político, pero la realidad aquí es líder, facción, partido. Y esto confirma algo que todos saben, que el poder, en definitiva, se encuentra en otro lugar.
