El alto tribunal avaló el fallo dictado anteriormente por uno de sus jueces, Luís Roberto Barroso, a partir de un recurso presentado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) junto con seis partidos políticos progresistas en el que argüían “omisiones” del Gobierno de Brasil en el combate al virus en las aldeas.
Entre las medidas determinadas por Barroso, ahora también aprobadas por el resto de los magistrados de la corte, figura la creación de barreras sanitarias, en razón de la vulnerabilidad de estas poblaciones, que deben permanecer aisladas para asegurar una mayor protección, según dictaminó el Supremo.
Los jueces también estuvieron de acuerdo en la necesidad de instalar una “sala de situación” que gestione las acciones que vayan a ser implementadas y en la que participen todos los sectores implicados en dicha tarea, incluyendo representantes indígenas.
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Además, el Supremo determinó que las autoridades policiales expulsen a los invasores de las tierras indígenas, entre los que se encuentran madereros o mineros ilegales, aunque bajo un protocolo de actuación que tendrá que ser previamente elaborado por el Gobierno.
Según los últimos datos del Ministerio de Salud, 300 indígenas han fallecido en las aldeas de Brasil como consecuencia del Covid-19, la mayoría de ellos en la región del Alto Solimoes, en el corazón de la Amazonía, mientras que se han confirmado ya cerca de 17.000 casos.
No obstante, los números del Gobierno no tienen en cuenta las muertes y contagios de indígenas en áreas urbanas, por lo que las cifras podrían ser mayores.
Brasil es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, más castigado por la pandemia y ya contabiliza más de 97.000 fallecidos y 2,8 millones de casos confirmados de la enfermedad en total.
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El presidente Jair Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad del coronavirus y partidario de explotar los recursos naturales de la Amazonía, sancionó en julio pasado un ley aprobada por el Congreso que ya prevé medidas para prevenir la diseminación del virus en territorios indígenas.
Sin embargo, el líder ultraderechista vetó varios artículos del texto, entre ellos el que buscaba asegurar el acceso a agua potable y la distribución gratuita de material de higiene y desinfección entre las comunidades indígenas.
El mandatario también rechazó la puesta a disposición, con carácter de urgencia, de camas en hospitales y unidades de terapia intensiva a los indígenas, así como la adquisición o facilitación de respiradores para ellos, la elaboración de material informativo sobre el patógeno y la instalación de puntos de internet en las aldeas.
