Durante una reciente audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, el economista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Rodrigo Ibarrola, presentó un análisis sobre algunos mecanismos para el cálculo del salario mínimo y planteó alternativas al esquema vigente en Paraguay, que actualmente se basa únicamente en el índice de precios al consumidor (IPC) general.
Los cálculos presentados por el economista muestran notables diferencias en el salario mínimo legal (SML), según la metodología utilizada, frente a lo que podría haber alcanzado al 2025 si se tomaban otros indicadores.
Con la fórmula vigente, que toma como referencia el IPC general, el reajuste es de 3,6% y el salario mínimo se ubica en G. 2.899.048. En cambio, con el proyecto de la senadora Martínez, que propone incorporar el IPC de alimentos o tomar este índice si es el que presenta un mayor aumento en el año, el ajuste este año hubiera sido de 4,25%, elevando el SML a G. 2.917.307.
Ibarrola también propuso una alternativa que combina el IPC general con el crecimiento económico per cápita, criterio bajo el cual el ajuste llegaría incluso al 4,536%, lo que hubiera llevado al salario mínimo a unos G. 2.925.249 desde julio.
Por otro lado, el economista realizó una simulación histórica desde el 2016, año en que entró a regir el cálculo con base en el IPC general. Según sus datos, si se hubiera aplicado el proyecto que toma el IPC de alimentos, el salario mínimo en 2025 sería ya de G. 3.500.737, en tanto que con su alternativa que suma el PIB per cápita, el nivel alcanzaría los G. 3.175.386, frente a los G. 2.899.048 de hoy.
“Actualmente, el último que se tomó en julio de 2025 es el 3,6% del IPC. El problema que vimos con eso es que el índice de alimentos de manera acumulada fue creciendo a partir del 2020, muy por encima del IPC general. El salario mínimo legal luego va desacoplándose y se va armando una brecha importante”, apuntó durante su exposición ante legisladores y representantes de sectores empresarios y trabajadores.
Este desfase, remarcó, afecta con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, debido a que el nivel de gasto en alimentos por quintiles de ingreso familiar va aumentando a medida que disminuye el nivel de ingreso.
“Estuvimos analizando algunas alternativas, como es la de mantener la metodología actual y agregar algún componente de crecimiento per cápita o de productividad, no es el más adecuado para medir la productividad del trabajador, pero es un índice aceptado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y es recomendado en este tipo de casos”, añadió.
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Retroactivo
Durante una entrevista con medios, en tanto, aclaró que un eventual cambio no tendría efectos retroactivos, aunque agregó que esto ya se enmarca en una decisión política. “Difícilmente una decisión económica pueda afectar algo que ya sucedió. Yo creo que el acuerdo va a ser de acá hacia adelante, de acá hacia atrás es complicado”, afirmó.
La senadora Esperanza Martínez, al momento de presentar los motivos por los que plantea emplear el IPC de alimentos, ejemplificó que, entre el 2018 y el 2023, el IPC general aumentó solo 28%, mientras que el indicador que mide el aumento o el consumo de los alimentos tuvo un incremento de 47%.
