Esther Roa es abogada, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), y activista social. Con su lucha incansable en contra de la corrupción imperante se ha ganado el respeto de jueces y fiscales por los pasillos de tribunales y el Ministerio Público. Periódicamente se encarga de seguir de cerca casos emblemáticos de corrupción cometidos por autoridades, valiéndose incluso del escrache a diversos actores políticos, aunque la activista reconoce que eso “ya no es suficiente”. Asegura que la Justicia está sometida al poder político y que el Poder Judicial tiene una grave falla institucional. Expresó que las chicanas utilizadas por abogados defensores de procesados por corrupción deben ser sancionadas y que la falta de imputaciones y sentencias firmes en casos emblemáticos de corrupción profundiza el descrédito ciudadano hacia la Justicia.
LA JUSTICIA
A criterio de Roa, la Justicia paraguaya atraviesa una crisis profunda. Indicó que el Ministerio Público, con el monopolio de la acción penal, ha mostrado una gestión deficiente a cargo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, priorizando desestimaciones por sobre imputaciones en un país marcado por la corrupción.
“La falta de transparencia, rendición de cuentas y el nulo trabajo conjunto con la ciudadanía son la constante, lo cual demuestra el sometimiento del fiscal general del Estado a la clase política, pues estas deficiencias solo benefician a los corruptos”, aseguró.
EL PODER JUDICIAL
La activista indicó que el Poder Judicial, compuesto por nueve ministros “sin coordinación ni criterios unificados”, opera sin una política criminal clara. “Cada ministro actúa de forma aislada, y algunos, como (César) Garay y (Víctor) Ríos, ni siquiera asisten regularmente a sus despachos, agravando la mora judicial”, cuestionó.
Mencionó que las escasas imputaciones por corrupción culminan en su mayoría con penas mínimas sin pisar la cárcel o salidas procesales favorables, como la suspensión condicional del procedimiento, o sobreseimientos definitivos por prescripción o extinción.
“Condenas ejemplares, como la de Óscar Venancio Núñez, son excepcionales. En síntesis, la falta de imputaciones y sentencias firmes en casos emblemáticos revela una grave falla institucional, que profundiza el descrédito ciudadano hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, con la función esencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los tratados internacionales suscritos por Paraguay. Sin embargo, este poder se encuentra capturado por la clase política. La falta de independencia judicial es el síntoma más evidente de esa captura, y sin independencia, no hay justicia”, alertó.
CORRUPCIÓN
Roa fue tajante al afirmar que los tres poderes del Estado incumplen sus compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción. Mencionó que Paraguay continúa ocupando el segundo lugar entre los países más corruptos de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela, según mediciones regionales. “Esta falta de voluntad institucional perpetúa la impunidad y debilita la confianza ciudadana”, sostuvo.
CHICANAS
La activista indicó que las chicanas utilizadas por procesados por corrupción y sus defensores rara vez son sancionadas. Dijo que un ejemplo reciente es el caso de Erico Galeano, quien logró suspender su juicio oral alegando cambio de abogados, aunque los anteriores nunca se apartaron realmente del proceso. Mencionó que este tipo de maniobras deberían ser objeto de sumario, pero la impunidad persiste.
“Realmente, las sanciones por dilaciones solo recaen sobre los abogados de los Juan Pueblo. Mientras tanto, con las chicanas los procesados por corrupción y sus abogados defensores logran la prescripción o extinción de la acción penal o sea que la causa quede impune. Sin embargo, la mora judicial, especialmente en la Sala Constitucional y Penal, representa un problema aún más grave, pues paraliza el sistema y favorece la impunidad. Esta conducta, que configura un claro mal desempeño de funciones, permanece sin consecuencias ni sanción institucional”, alegó.
ESCRACHES
La abogada es reconocida por impulsar escraches a políticos involucrados en hechos de corrupción. Roa dijo que los escraches fueron muy positivos en su momento, pues gracias a esa presión ciudadana muchos legisladores renunciaron o fueron removidos por la vía de la pérdida de investidura, como también se lograron algunos avances positivos en el ámbito de la Justicia.
“Pero muy pronto, se inmunizaron y optaron por soportar o mudarse de casa o sea esconderse, etc., y obviamente la ciudadanía no puede sostener por mucho tiempo dicha medida de fuerza”, indicó.
CIUDADANÍA DORMIDA
Para Roa es “una situación sumamente dolorosa” el hecho de que la ciudadanía permanezca apacible y dormida ante sonados casos de corrupción de políticos.
“Esta realidad es profundamente dolorosa para quienes asumimos el compromiso de movilizarnos ante los abusos del poder”, indicó.
Sostuvo que desde el inicio de este gobierno, hemos sido testigos de atropellos sistemáticos: leyes hechas a medida, sin debate ni consulta ciudadana, robos escandalosos, nombramientos de parientes, parejas, amantes, amigos y operadores políticos, todos sin concurso ni preparación, pero con salarios de primer mundo. Y mientras tanto, la ciudadanía permanece en silencio.
“Sin embargo, la historia nos recuerda que el pueblo paraguayo reacciona cuando los abusos se vuelven insoportables. Creo firmemente que ese momento se acerca. Y cuando llega, lo hace para transformar profundamente”, explicó.
COPAMIENTO CARTISTA
Roa dijo que el cartismo controla prácticamente los tres poderes del Estado. “En el Ejecutivo, Peña responde sin cuestionamientos; en el Legislativo imponen leyes a medida sin debate y en el Poder Judicial cuentan con aliados estratégicos. Los resultados son evidentes, casi ningún condenado por corrupción en la cárcel”, aseguró, al tiempo de expresar que el cartismo también domina entes autónomos como la Contraloría, el JEM y el CM, “asegurando impunidad desde adentro”.
El copamiento institucional es la mayor amenaza a la democracia. Peña responde sin cuestionar, el Legislativo hace leyes a medida y en el Poder Judicial cuentan con aliados.
