“El Poder Judicial sucumbió ante el poder político y no responde a la ley”

En entrevista con ÚH, el abogado Juan Sosa Bareiro denuncia un copamiento institucional donde la Justicia paraguaya sucumbió al poder político. Expresa que jueces y fiscales responden a sus “padrinos” en lugar de a la ley.

–¿Cuál es tu percepción de cómo está trabajando nuestra Justicia?

–Estamos pasando por un momento muy difícil en la Justicia paraguaya. Nuestros órganos de selección de magistrados y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados están pasando también por un momento de extrema urgencia en cuanto a cambios estructurales. La politización de la Justicia es tremenda y evidente.

Hoy, jueces, fiscales y defensores públicos ya no responden a la voluntad de la ley, sino que responden a la voluntad de los políticos o los padrinos que le llevaron al cargo. Al punto que muchos jueces y fiscales ni siquiera responden a sus superiores, sino responden directamente a sus padrinos políticos.

Eso quedó evidenciado en los chats de Lalo (Gomes): los fiscales y los jueces le rendían pleitesía a él y no a la Justicia.

Hoy tenemos un poder judicial altamente politizado donde no hay una disciplina, no hay un poder judicial único, autónomo.

La politización ocasiona la instrumentación de la Justicia, y esa politización hoy ha llegado a puntos históricos donde tenemos sentencias aberrantes, donde más que la voluntad de la ley lo que se tiene en cuenta es la voluntad del grupo político o del poderoso de turno que hacen los pedidos.

Hoy, tenemos también que el Ministerio Público pasa por la misma situación, cuando existen actores que molestan al poder, rápidamente muchos de ellos son imputados o se le inventan causas o directamente, a través de la Justicia, se utiliza como una forma de amedrentamiento.

Eso nos lleva a que nuestra Justicia hoy no esté respondiendo a la sociedad.

Con independencia de eso, tenemos una altísima morosidad judicial y una falta de control, como la mafia de los pagarés, que es una vergüenza histórica para el Poder Judicial.

–¿Y esto es algo reciente?

–Te puedo asegurar que, desde que yo me recibí en el 2002 y empecé a trabajar, me fui a ver un expediente de pagarés y el famoso “no está en despacho, doctor, tu expediente”.

Esto porque todos los expedientes estaban en los estudios jurídicos de la gente que trabajaba con la financiera, los bancos, las casas de préstamo y demás.

Y hasta hace poco eso era así. Es más, en los allanamientos que se hicieron, se encontraron en la oficina de los abogados y en muchas empresas los expedientes judiciales.

–¿Por qué se da eso?

–Porque no hay control efectivo. El Poder Judicial está fallando.

La Corte Suprema de Justicia no puede hacer la vista gorda y sacar la nalga de la jeringa. Son responsables también de lo que pasó, por acción u omisión. Y aquí miles de justiciables fueron perjudicados, nada más y nada menos que por el poder del Estado que les tendría que haber protegido a las víctimas, que es el Poder Judicial.

–¿Qué pensás del accionar de la Corte en el caso de la mafia de pagarés?

–Falta voluntad y ejemplo. Ni siquiera hace falta que la Corte diga ni haga nada, solamente que le instruya a sus jueces a que cumplan la ley.

El propio Código Civil y el Código Procesal Civil, así como el Código de Organización Judicial, permiten a los jueces de oficio corregir situaciones procesales que consideren que han violentado el proceso.

O sea, los propios jueces pueden corregir todo lo que se haya hecho mal, retrotraer los hechos y volver a llevar adelante los expedientes como tiene que ser.

Eso podrían haberlo hecho de oficio los jueces. Lo que pasa es que faltó voluntad, faltó un instructivo en el sentido de que se ponga el Poder Judicial a través de la Corte y decir a los jueces: “Señores, hemos cometido un error histórico, es el momento de que lo enmendemos”.

–¿La instrumentación se da solamente en el Poder Judicial?

–El Poder Judicial en general está pasando por eso. En la Constitución del 92, se crearon el Consejo de la Magistratura y el JEM.

El objetivo era generar órganos independientes extrapoderes que puedan servir de garantía. Pero la clase política, siempre viva, encontró en esos estamentos la posibilidad de ingresar y a través de ello, influir.

Por eso, ves candidatos sacándose fotos con políticos. Ves a miembros incluso de las universidades buscando el respaldo político o de los mandamases de turno y eso genera una instrumentación y un copamiento institucional.

Ese copamiento institucional hace que luego los órganos que tendrían que haber controlado se conviertan en cómplices.

¿Para qué quieren los políticos su miembro del Consejo? Es sencillo, para que a través de esos miembros puedan elegir jueces, fiscales y defensores que actúen de acuerdo con sus propios intereses políticos y partidarios.

–¿Existe complicidad en las condenas a políticos que nunca quedan firmes?

–En los últimos tiempos vemos con mucha inquietud que el Código Penal y el Código Procesal Penal se están violentando para dar privilegios a determinados actores que generalmente están vinculados al poder político.

Vemos privilegios que esos actores tienen y que otros procesados en casos similares no los tienen. Vemos personas que deberían estar presas, pero siguen estando con algún tipo de libertad. Vemos arrestos domiciliarios cuando tendrían que tener cárcel.

Y esos privilegios que están directamente vinculados al poder, son producto de que el poder político administra hoy el Poder Judicial.

El Poder Judicial sucumbió ante el poder político y esa es una responsabilidad de todos quienes de alguna forma integramos este poder del Estado.

Esto no significa que no nos podamos sentar a hablar con los políticos. Podemos, pero vamos a hablar de igual a igual y teniendo a la ley como un marco principal.

–¿Cuándo un recurso legal se convierte en un abuso del derecho?

–Eso es muy fácil de resolver. Los códigos procesales tienen los plazos en los que los jueces deben expedirse.

Más que violentar el derecho de un colega a realizar un recurso, lo que tiene que hacer la Justicia es resolver rápidamente.

Si un colega presenta un recurso totalmente dilatorio o chicanero, en el día te puede rechazar el juez y terminó el problema.

Si se va a la Cámara de Apelaciones, en el día te puede rechazar también. Están los elementos para que las chicanas sean automáticamente resueltas por los propios órganos jurisdiccionales.

Yo más que cercenar el derecho de los colegas a utilizar recursos, que es un derecho procesal válido, lo que propongo es que la Justicia se mueva y rechace inmediatamente todo lo que no tenga algún tipo de fundamentación válida.

Y muchas veces, las cámaras y los jueces se convierten en cómplices de las dilaciones porque ellos mismos te dicen: “Presentame nomás un recurso y nosotros vamos a atajar”. Eso es interno. Ellos tienen el bolígrafo, la lapicera.

–¿Cómo se logra la independencia del poder político?

–Tenemos que descontaminar políticamente. Todo aquel que esté contaminado políticamente tarde o temprano va a rendir culto y va a rendir pleitesía al poder político.

El que pide ayuda o dinero al poder para llegar, tarde o temprano va a tener que cumplir y pagar los favores que pidió. Entonces, salvemos y rescatemos esos órganos.

Mientras que no rompamos eso, vamos a tener siempre un Poder Judicial sumido al poder político.

Imagínate, que un ignorante como (Hernán) Rivas llegó a ser presidente del Jurado en Enjuiciamiento de Magistrados. Juez de jueces llegó a ser. Esa fue una bofetada del poder político al Poder Judicial.

Juan Sosa Bareiro

• Es abogado independiente desde el año 2002. Es magíster en Derecho y profesor universitario.
• Es presidente de la Fundación Convergencia.
• Actualmente se presenta como candidato a miembro del Consejo de la Magistratura por el movimiento Unidad Gremial.