A propuesta de los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, todos miembros de la Sala Penal, el pleno del Máximo Tribunal dispuso una reorganización de los Tribunales de Sentencia en el fuero ordinario y en el fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.
De esta manera, crearon un nuevo Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que estará conformado por los magistrados Celia Salinas, Lourdes Garcete y Juan Vicente Fretes, quienes actualmente cumplen funciones en el fuero ordinario.
Además, la Corte dispuso que el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que juzga el caso A Ultranza Py, integrado por los jueces Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, lleve solo ese juicio, quedando desafectados de los nuevos casos que tengan por un año, salvo los que estén en curso actualmente.
Los ministros señalaron que su decisión se debía a la complejidad del caso A Ultranza y que, por ello, el juicio oral se realizaría todos los días hasta su culminación.
Además, apuntaron que se basaban en la legislación que crea el fuero especializado, además de que era una reorganización de los tribunales de sentencia.
Asimismo, se resolvió que la jueza Rossana Maldonado sea agregada como cuarto miembro del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que está compuesto por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, que juzga el citado caso.
Por otro lado, se incluyó en el Tribunal ordinario en Sentencia número 3 a la jueza Sonia Sánchez, en reemplazo del juez Víctor Alfieri, dejando sin efecto el interinazgo que realizaba el juez Mario García.
A Ultranza PY
El operativo A Ultranza PY se trata de la mayor investigación contra el tráfico de drogas y lavado de dinero en la historia de Paraguay, ejecutada en 2022, cuyo objetivo era desbaratar un esquema dedicado al envío de cocaína a Europa, ligado al narco uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias tío Rico. Ambos se encuentran en prisión actualmente.
El charrúa fue capturado en Bolivia este año y trasladado posteriormente a Estados Unidos para su reclusión, mientras que Insfrán, se encuentra privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, en el Departamento de Alto Paraná, después de haber sido detenido en Brasil.
Tío Rico es uno de los principales investigados en el caso, además de figuras de la clase política, tales como el ex diputado Juan Carlos Ozorio y el pastor José Insfrán. En el marco del mismo megaoperativo fueron condenados el ex ministro Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.
En su momento, el Ministerio Público imputó a varias personas y actualmente alrededor de 18 personas son procesadas en el caso.
El principal objetivo, que por alrededor de cuatro años estuvo prófugo, fue Sebastián Marset.
