Con la resolución, además de Ortiz y el diputado Roussillon, también fueron sobreseídos los encausados Carmen Corina Alonso y Ricardo Núñez.
En su pedido, la representante del Ministerio Público sostuvo que la conducta de los justiciables no constituye hecho punible por lo que requirió el sobreseimiento definitivo de todos los procesados.
En el caso, el 7 de enero del 2022, la fiscala María Estefanía González imputó a los encausados por los supuestos hechos de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción.
Ya el 6 de julio del 2022, la misma agente fiscal los acusó y solicitó la elevación del caso a juicio oral contra los procesados José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Giménez, Omar Rodrigo Mongelos, y Rubén Antonio Roussillon Blaires.
Sin embargo, en la preliminar el 28 de julio del 2023, el entonces juez de la causa, Humberto Otazú, rechazó el pedido de sobreseimiento que se presentó por parte de la Fiscalía en la audiencia, y le dio trámite de oposición.
Después, por dictamen del 22 de agosto de 2023, la fiscala adjunta Nancy Salomón ratificó el sobreseimiento provisional a favor de José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Giménez, Omar Rodrigo Mongelos, y Rubén Antonio Roussillon Blaires. Esto fue admitido por el juez Otazú el 21 de setiembre del 2023.
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Después, el 21 de setiembre del 2024, se solicitó la reapertura de la causa, y el sobreseimiento definitivo de todos ellos. Posteriormente, la Corte dispuso que sea el juzgado de Estigarribia el que tuviera el caso.
Finalmente, en la preliminar, el 31 de marzo del 2026, de nuevo se le dio el trámite de oposición por parte del magistrado, que finalmente fue ratificado por la fiscala adjunta.
La investigación surgió tras una denuncia presentada por un grupo de legisladores, con relación a supuestas irregularidades sobre la reducción del 50% del canon en concepto de explotación de juegos de suerte o de azar para el periodo de marzo a mayo del año 2020 a favor de las empresas, argumentando la situación de la pandemia.
Además, también se investigó el beneficio a la empresa TDP SA con la adjudicación y concesión para la explotación del juego de azar denominado Quiniela. Asimismo, la autorización a la firma I-CROP SA de la nueva modalidad de explotación de juegos de azar con intervención en la operación de máquinas electrónicas (tragamonedas).
Con la resolución de sobreseimiento definitivo, se levantan todas las medidas cautelares contra los procesados.
