Lamentablemente, aquel joven técnico carecía del poder político necesario como para llevar adelante esos planes sin tener que hacer concesiones groseras en el camino; después de todo, él no era el presidente. Hoy, sin embargo… ¡caramba, qué horrible coincidencia!
Perdón por la humorada. La verdad es que el proyecto del Ejecutivo me parece que, en líneas generales, va por el camino correcto. Lastimosamente, su presentación no fue acompañada de algunas señales absolutamente necesarias para restaurar cierta confianza de la opinión pública en la gestión del gobierno, y, por el contrario, incluyó polémicas decisiones que huelen justamente a esas concesiones groseras a las que tanto le temía el entonces ministro Peña.
Me explico. El proyecto es bueno porque busca corregir el modelo de almuerzo escolar que nunca funcionó. Y no funcionó porque se basó exclusivamente en el uso de ciertos fondos (un porcentaje de lo que Brasil paga por la sesión de nuestra energía en Itaipú) que se logró blindar en una ley, impidiendo que se perdieran en el mar de los gastos burocráticos del Estado. Esos recursos, sin embargo, siempre fueron insuficientes y, para colmo, se distribuyen según la ley que reparte royalties a municipios y gobernaciones, de acuerdo con cuán afectados han sido por la construcción de la represa.
En síntesis, dinero insuficiente, mal distribuido y peor gastado. Los casos de corrupción e ineficiencia vinculados con el uso de estos recursos son suficientes como para tener ocupada a la Justicia (si funcionara como debiera) por varios años.
El proyecto de Peña pretende ampliar ese fondo destinando a este fin el ciento por ciento de lo que paga Brasil, y distribuir los fondos de acuerdo con la cantidad de alumnos que tenga cada departamento. El registro único del estudiante (RUE) le permite ahora saber dónde se encuentran los escolares y en qué condiciones están. Acertadamente, dejan afuera a los municipios no solo por el problema de la corrupción, sino porque atomizar las licitaciones encarece costos y hace mucho más complejo el control. Incluyen, sin embargo, a las gobernaciones.
Y es aquí donde arrancan las concesiones políticas. El proyecto hambre cero en las escuelas es indiscutiblemente necesario, pero también es cierto que su ejecución –si resulta exitosa– generará un enorme rédito político, sin descontar además que supone manejar gordas licitaciones públicas. Claramente, Peña tuvo que negociar para asegurar el apoyo de su partido, y eso significó meter a todos los gobernadores, menos al de Central, que concentraría más de la mitad de las licitaciones y que, por desgracia para los republicanos, es de la oposición y para colmo de los mejor perfilados para disputar en el futuro la presidencia.
Pero este error estratégico no fue el más grave que ha cometido Peña en su presentación. El mandatario dijo lo que lo decidió a ejecutar su plan fue un lapidario informe de la Contraloría sobre el festival de corrupción perpetrado con el dinero de la merienda escolar. Lo que nunca dijo es qué hizo con el informe. ¿Quiénes son esos gobernadores e intendentes? ¿Son de su partido? ¿Siguen en sus cargos? ¿No son algunos de aquellos con quienes piensa trabajar ahora? ¿Presentaron ya los casos ante la Fiscalía?
De guinda, Peña presentó su plan en medio de la polémica sobre la contratación masiva de parientes de políticos y la vigencia de cargos innecesarios y con salarios absurdamente altos. El presidente, sin embargo, evitó referirse al tema como si no fuera de su incumbencia. Grave equivocación. Si cuanto menos hubiera anunciado la búsqueda de un acuerdo político para corregir estos entuertos, podría haber recuperado un mínimo de la confianza perdida. Pero no lo hizo. Sigue siendo un ministro de Hacienda. El poder político está en otras manos, y a ellos desparasitar el Estado o llegar a tiempo con la merienda de los niños les chupa un… dedo.
