Este miércoles concluyó la cuarta y última fase del proceso, iniciada en abril del año pasado, en la que fueron responsabilizados quince agentes del Comando de Operaciones Especiales (COE), algunos de los cuales siguen en activo, por el asesinato de cuatro internos de Carandirú.
Cada uno de ellos fue condenado a 48 años de prisión por haber abatido a tiros a los cuatro internos en el tercer piso del pabellón nueve de este penal de Sao Paulo, pero fueron absueltos por otros cuatro asesinatos y por dos intentos de homicidio por los que también habían sido acusados.
La matanza se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
El caso tardó dos décadas en llegar a los tribunales debido a la dificultad de recopilar las pruebas concretas.
Con la demora de 21 años para el juicio por la masacre, los policías condenados hoy nunca estuvieron presos y siempre acompañaron el proceso en libertad.
Según la acusación, los policías borraron muchas pruebas, incluso pocos meses antes del inicio del proceso en abril de 2013.
Las condenas más duras, de 624 años de cárcel por persona, recayó en un grupo de 25 agentes responsables de la muerte de 52 internos, lo que supuso el grueso de la matanza.
A pesar de las duras condenas, los reos tienen derecho a recurrir en libertad y en ningún caso pasarán más de 30 años entre rejas, pues esa es la mayor pena prevista en el Código Penal brasileño.
En todos los casos el juez aplicó la mínima sentencia, de seis años por asesinato y otros seis por considerar que las víctimas no tenían oportunidad de defenderse.
La Justicia responsabilizó a todos los policías por los homicidios ocurridos en los sectores de la cárcel donde se encontraban y la acusación sólo presentó cargos contra los que dispararon aquel día.
De los 330 policías que participaron en la operación, la fiscalía sólo trató de sentar en el banquillo a 79 agentes, pero retiró los cargos contra tres de ellos antes del juicio y contra otros tres durante las vistas debido a errores o inexactitudes en el proceso.
A los 73 policías condenados se les atribuyeron 77 asesinatos; otros cinco se achacaban al coronel Luiz Nakaharada, que falleció antes de ser juzgado; en tanto que nueve presos murieron por arma blanca, presuntamente a manos de otros reos.
Sin pruebas concretas contra ningún agente, la acusación dejó 20 de los 111 crímenes sin juzgar.
La imposibilidad de determinar la autoría individual de cada uno de los homicidios fue un argumento utilizado por los abogados defensores a lo largo del juicio, pero la acusación sostuvo que la matanza fue colectiva como se comprueba en el número de tiros que recibió cada víctima.
Según los informes forenses presentados por la acusación durante las cuatro fases del juicio, los 111 muertos sumaban en total 515 balazos, de los que 126 en la cabeza.
En varias ocasiones, la fiscalía trató de sensibilizar a los jurados exhibiendo fragmentos de la galardonada película de ficción “Carandirú”, del director argentino Héctor Babenco, que llevó el caso al cine.
La ONU y organizaciones de derechos humanos han aplaudido a Brasil por llevar a la justicia finalmente a los responsables de esta matanza después de dos décadas de impunidad.
Antes de este juicio, la única persona que había sido procesada fue el comandante de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, quien fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero resultó absuelto en apelación en 2006, pocos meses antes de fallecer asesinado.
La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandirú en 2002, que posteriormente fue demolida para dar lugar a un parque.
