El segundo tiempo del Gobierno de Santiago Peña se ve marcado por el sincericidio del ministro de Economía con piolita, Carlos Fernández Valdovinos, quien de venir hablando del grado de inversión y otras “proezas económicas”, ahora viene con el discurso de “grado de inmersión” profundo en deudas en el que se encuentra el Estado paraguayo, supuestamente por la baja recaudación del Fisco.
Lo más indignante de este discurso de “economía de guerra” apunta exclusivamente al pueblo y no a la clase política y económica privilegiada que sigue recibiendo millones y millones de beneficios a costillas del erario. Y aquí hablamos de todos los privilegios que reciben tanto miembros de los tres poderes del Estado como empresas y empresarios que facturan millones con licitaciones amañadas.
El caso del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, es un ejemplo claro de desfachatez y abuso de poder, al utilizar su puesto e influencia para sacar beneficio económico de manera descarada y desvergonzada, al autoasignarse y cobrar mensualmente por casi un año una bonificación extra de G. 21.100.950, con lo que ganó casi el doble del presidente de la República durante once meses.
Tras ser descubierto y expuesto, Bachi defendió la legalidad de su bonificación millonaria, pero como el Gobierno ya había iniciado su campaña de “economía de guerra”, se vio totalmente en offside y anunció que “renunciaría” a dicha bonificación.
Luego saltó que no solamente él recibía bonificaciones millonarias, sino también los ministros de la Corte Suprema y del Ejecutivo quienes además inflan más sus ganancias con otros rubros, así como otros directores y funcionarios privilegiados del Estado que ganan millones sumando a sus sueldos rubros, como los viáticos y movilidad, gastos de representación, bonificación por salud, etc., etc.
Ni hablar cuando tomamos a los que están en las binacionales, en su mayoría correligionarios y parientes de los que controlan el poder desde el gobierno y el partido, donde los salarios son completamente irreales y de un país que nada en riquezas.
Pero esa no es la realidad del país, del pueblo, del común de la gente, la realidad del paraguayo que sale a trabajar todos los días, la mayoría de manera independiente, sin un salario fijo, sin un seguro médico, sin aguinaldo, sin reposo por enfermedad porque si no trabaja nadie lo respalda, sin un Estado que vele por sus derechos, pero bien que sus impuestos son bien recibidos porque el impuesto al valor agregado (IVA), finalmente, es el recurso que sostiene al Fisco.
A la crisis económica del Estado se suma la crisis del transporte público que afecta directamente a la clase trabajadora de a pie, crisis que ahora se agudiza con los paros de los empresarios como método de extorsión al Gobierno para poder cobrar un subsidio que se vuelve cada vez más insostenible y más injusto, considerando la calidad del servicio.
La clase trabajadora paraguaya no ha estado en la agenda ni siquiera del propio Ministerio del Trabajo, desde siempre considerado por los sindicatos como un “Ministerio de los Patrones”, considerando que no existe una política de control real de cumplimientos de los derechos laborales, menos en sectores más discriminados como el rural donde no hay Dios ni patria.
Tampoco los políticos han mostrado un real compromiso con la clase trabajadora, pero ya empiezan las campañas electorales en el marco de las elecciones municipales y algo de sus “ahorros” saldrá para poder hacer grandilocuentes actos y discursos cargados de promesas que quedarán en el olvido una vez estén en el poder. La doble realidad golpea cada vez más fuerte al Paraguay, con un presidente de la República que sigue hablando de un país de las maravillas, desde su mansión en San Bernardino y fortuna de dudoso origen, un presidente de la ANR cuyo delicado estado de salud genera preocupación por las consecuencias que podrían traer la interna en el oficialismo, una oposición dormida, y un país cansado de pagar los platos rotos de la clase política.
