A principios de mes los técnicos del FMI presentaron sus conclusiones preliminares sobre la evaluación de la economía y sus recomendaciones de política en el marco de la consulta periódica prevista en el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI. Quiero resaltar algunos aspectos que debemos tomar muy en serio. En primer lugar, si bien el año 2025 el crecimiento económico alcanzó un pico del 6,6%, este incorpora elementos transitorios como el impacto expansivo de compras del Gobierno que no fueron registrados en las cuentas públicas, por alrededor del 2,5% del PIB. A esto hay que sumar el efecto expansivo del crecimiento del crédito bancario, especialmente en los segmentos de consumo, que tampoco es sostenible hacia adelante. Por ello, las proyecciones del FMI indican un crecimiento potencial del 3,8% anual al cual debiera converger la economía paraguaya en el 2027.
Este crecimiento implicó una expansión de la demanda agregada superior a la producción y su contracara es la ampliación del déficit en las cuentas externas del país. Según cifras del BCP, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos aumento al 3,2/3,3% del PIB en los últimos dos años, y una parte importante del mismo es financiado con capitales de corto plazo, gracias al mayor acceso generado por el grado de inversión que tiene el país. Estos niveles de déficit en la cuenta corriente dejan más vulnerable a la economía del país a cambios repentinos en los flujos de capitales, “sudden stops”, originados en cambios en la percepción de riesgos de parte de los inversionistas internacionales, ya sea por eventos políticos o de cambios en la política económica. Si bien las altas reservas internacionales nos protegen en el corto plazo, las políticas públicas debieran evitar una ampliación del déficit en las cuentas externas para minimizar esta vulnerabilidad.
En segundo lugar, la observación más importante que hacen los técnicos del FMI es la necesidad de restaurar una política fiscal sólida y confiable. Nuestro país ha incumplido los dos planes de convergencia y consolidación fiscal establecidos después de la pandemia. En ambos casos se dejaron de registrar gastos para cumplir con los topes de déficit fijados en el plan y se acumularon deudas con proveedores. En el 2025, el caso más reciente, si se hubiera registrado todo el gasto realizado, el déficit fiscal real hubiera sido del 4,5% del PIB en vez del 2,0% del PIB que fue reportado por el MEF.
Como primer paso, el FMI sugiere que el MEF establezca un plan de regularización y registro de estas deudas este año, y un nuevo y tercer plan de consolidación fiscal post pandemia. Además, es urgente la puesta en práctica del método del devengado para la registración del gasto público. Los técnicos sugieren que, para garantizar la consolidación fiscal, además de mejorar la eficiencia del gasto público, son necesarios ajustes tributarios, como revisar los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, reducir las deducciones al IRP, y eliminar las tasas reducidas del IVA y reemplazarlas por subsidios focalizados a los segmentos más vulnerables. Como paso siguiente, ven la necesidad de una actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente para que recupere un papel central en la política fiscal y en la contención del crecimiento de la deuda pública, para garantizar su sostenibilidad. En particular sugieren la incorporación de un tope a la deuda pública con límites al déficit fiscal que sean compatibles con el mismo.
Es fundamental recuperar la confianza en la política fiscal para que siga siendo el ancla de la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, el fuerte incremento en los gastos rígidos y estructurales en los últimos años, sin financiamiento adecuado, hace que la convergencia fiscal esté recayendo en reducciones no razonables de la inversión pública. El nuevo marco fiscal debe incorporar límites estrictos al crecimiento de gastos corrientes, a la contratación de funcionarios y los ajustes salariales y la reforma del sistema previsional que vincule estrechamente beneficios con aportes. Todo esto sumado al tope a la deuda pública y al déficit fiscal con cierto margen para la inversión pública. Las recomendaciones del FMI son serias y razonables. Escuchémoslas.
