El Estado paraguayo desde hace mucho tiempo se declaró en guerra contra la guerrilla que opera en el Norte del país. Guerra, injusta como todas las guerras, en la que lleva más batallas perdidas que ganadas.
Los sucesivos gobernantes, desde el 2008 a esta parte, prometieron la erradicación del grupo armado.
Se escuchó que se les estaba pisando los talones, que se los iba a traer de los jopos, que no van a marcar la agenda del Gobierno y otras palabras que quedaron en la nada.
Una de las páginas más tristes de esta época de lucha fue la noticia del abatimiento de supuestos líderes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Yby Yaú.
El papelón tuvo como protagonista al propio presidente de la República, a quien, aparentemente, dieron una información equivocada y voló hacia el sitio para festejar la victoria. Se sacó una foto frente a un campamento y su rostro expresaba felicidad. En la cuenta oficial de Twitter del Gobierno, se habló de un “operativo exitoso”.
No había nada para festejar: eran niñas las fallecidas y las mataron balas oficiales.
En algo fracasamos como sociedad para que exista tanta injusticia en el Norte del país, donde el Estado lleva años de ausencia con carencias de salud, justicia y educación.
Según indicaron los propios referentes de las fuerzas de seguridad, el ejército revolucionario con el que estamos en guerra hace más de 20 años, no pasa de los 17 combatientes.
Se militarizó la zona creando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tiene un presupuesto superior a los USD 14 millones anuales, pero que no puede hacer frente a los guerrilleros, que siguen deambulando por la zona, teniendo secuestrados a tres compatriotas: Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo, cuyas familias están padeciendo un dolor indecible.
Desde el 2011 se le sacó a la Policía la potestad de “preservar el orden público legalmente establecido de proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes”, como dice la Ley 222/93.
Salimos de las normas para dar el control a los militares, cuya razón de ser no es la de velar por la seguridad interna. Los resultados son escasos en más de 11 años de presencia en la zona.
Prueba de ello fue la declaración de los referentes de las fuerzas de seguridad, que hablan de victoria estratégica contra los insurgentes.
¿Qué victoria se puede celebrar, mientras familias están sufriendo? Llegamos a tal punto de degradación que tenemos que festejar muertes.
Ayer fue el cumpleaños del suboficial Edelio Morínigo, cumplió 33 años y es el octavo aniversario que pasa lejos de sus seres queridos. Ni siquiera hay certeza de si continúa con vida. Esto mantiene en zozobra a sus familiares, quienes claman por alguna noticia, un dato que pueda aliviar su dolor.
“La declaración de victoria del Gobierno es una muestra de su derrota frente al EPP, a 600 días del secuestro de nuestro papá Óscar Denis, nos duele su ausencia, incluso más que en esos primeros días, porque hoy podemos ver con claridad que los responsables de su libertad, de nuestra seguridad, ni cumplen ni tienen pensado garantizar ese derecho”, decía a su vez un comunicado de la familia del ex vicepresidente de la República, que se encuentra con paradero desconocido desde el 9 de noviembre de 2020.
Hay tres personas secuestradas a las que esperan una esposa, hijas, nietos y parte de la sociedad que no les olvida. Mientras esta situación se esté dando, es un insulto hablar de victoria. Porque aunque esto sea así, mientras estos hombres no regresen a sus casas, no habrá paz. Cuando se restablezca la paz en esa zona del país, será el día en que podamos hablar de victoria.
