02 oct. 2025

El dictamen fiscal tardó 4 años y caso por millonario desvío prescribe

La jueza le dio trámite de oposición en el 2020, y la Fiscalía Adjunta contestó en el 2024, cuando pidió la prescripción de la causa. Concejales de Villeta habían denunciado por lesión de confianza.

30658334

Comuna. Los ediles de Villeta habían denunciado al actual intendente Teodosio Gómez.

GENTILEZA

Por prescripción, la jueza de Garantías, Cynthia Lovera, desestimó una denuncia presentada en el 2012 por los concejales de la ciudad de Villeta por un supuesto millonario faltante en la Comuna local. La fiscala adjunta Soledad Machuca tardó cuatro años en dictaminar.
La entonces fiscala Victoria Acuña había pedido desestimar la causa el 10 de octubre del 2020. Ante esto, la magistrada le dio el trámite de oposición el 12 de noviembre del 2020, y el 13 de noviembre de ese año, la agente se ratificó en su pedido.

Después, el 17 de noviembre del 2020, la jueza Cynthia Lovera de nuevo se opuso al pedido. Esto fue contestado por la fiscala adjunta María Soledad Machuca el 13 de febrero del 2024, casi cuatro años después, cuando solicitó desestimar el caso por la prescripción.

Esto, porque los hechos se dieron en el 2011, y la lesión de confianza tiene pena de 5 años, por lo que la causa ya prescribió en el 2016, según refiere la agente del Ministerio Público, por lo que requirió la desestimación.

LA DENUNCIA. En el caso, los ediles villetanos habían denunciado supuesta lesión de confianza durante la administración del intendente Teodosio Gómez (actual jefe comunal) a raíz del dictamen del asesor contable de la Municipalidad que detectó varias irregularidades dentro del periodo de administración.

Entre ellas, la falta de documentos respaldatorios de pagos ejecutados por valor de G. 1.288.021.279, a más del cumplimento en la transferencia del 15% del impuesto inmobiliario, donde no se llegó a ejecutar la suma de G. 156.462.110.

Igualmente, supuesto uso indebido de fondos especiales. Refiere que la Intendencia tuvo un ingreso de la suma de G. 98.706.320, pero solo fueron depositados G. 14.433.429, con lo que existe un faltante de G. 84.272.891, refería el informe de auditoría. Finalmente, también hablaba de la falta de pago a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.

La ahora ex fiscala Victoria Acuña señaló en su pedido desestimación que tanto el intendente como varios otros denunciados ya fueron investigados por supuesta apropiación y lesión de confianza, y la causa fue desestimada.

Asimismo, afirmó que con respecto a los demás puntos, se constataron que los documentos fueron proveídos en el 2015, por lo que pidió el archivo de la denuncia de los concejales.

Tras el trámite de oposición en el 2020, la fiscala María Soledad Machuca requirió desestimar la denuncia, pero por prescripción, ya que según dice, los hechos ya prescribieron en el 2016.

Finalmente, la jueza remarca que, a la fecha, transcurrieron 14 años de los hechos, lo que hace que ya esté prescripta, por lo que desestimó la causa.

30658344

María Soledad Machuca

Fueron cinco los que accionaron
La denuncia fue presentada el 22 de junio del 2012 por los concejales Eugenio Ramón Saccomani, Dila Abelma Estigarribia, Ricardo Arroyo Torres, María Teresa Giménez y Carlos Ramón Orué Giménez, en contra del intendente de ese año, Teodosio Romilio Gómez Ibáñez. El jefe comunal fue reelecto en varias ocasiones y es el que preside actualmente la Comuna de Villeta. La denuncia es por las supuestas irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal del 2011. Se habló de supuesta lesión de confianza.

Más contenido de esta sección
La Fiscalía investiga los exámenes de correspondencia de los jueces hoy acusados, sobre quienes pesan pedidos de juicio oral por el esquema de estafa con pagarés, considerado uno de los más grandes del país. Se analiza además si los magistrados se enriquecieron ilícitamente.
El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral el caso de los detergentes de oro con respecto a un procesado y concedió la suspensión condicional de la causa para otros cuatro, quienes reconocieron los hechos. Donarán G. 25 millones cada uno para la Municipalidad de Asunción.
El pleno de la Corte suspendió sin goce de salario e instruyó un sumario administrativo a una actuaria judicial de la circunscripción de Canindeyú, que habría falsificado certificados de estudios, para presentarse a un concurso de cargos ante el Consejo de la Magistratura.
El Tribunal de Sentencia –encabezado por el juez Juan Carlos Zárate– fijó para el próximo 5 de noviembre, a las 13:00, el juicio oral para el ex candidato presidencial Efraín Alegre, por supuesta producción de documentos no auténticos. Habría presentado una factura falsa en su rendición de cuentas de la campaña presidencial del 2018.
El pleno de la Corte Suprema dispuso la suspensión sin goce de sueldo del juez Penal de Garantías de Mariscal Estigarribia, Chaco, Ricardo Gosling Ferreira, imputado por supuesta coacción sexual y violación de una adolescente. Además, se le instruyó sumario y se remitirán los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Según la Fiscalía, se usó el sistema judicial para perjudicar a víctimas, ya que se hacían juicios “a espalda” de los supuestos deudores y que el juez Gustavo Villalba aparentemente sabía todo. Este se suma a los cuatro jueces ya acusados.